Cuando el 2 de diciembre de 2018 casi 400.000 andaluces votaron a Vox en las elecciones al parlamento andaluz (el 11% de los votos) el mismísimo Pablo Iglesias decretó una “alerta antifascista” y llamó a la movilización contra los “post-franquistas” de Vox.

Un programa del canal de televisión “La Sexta” se lo tomó en serio y en días posteriores se dedicó a localizar a los 44 votantes de ese partido en el “comunista” pueblo de Marinaleda. Pocos días después Cristina Pardo, directora del programa, no tuvo más remedio que pedir disculpas por semejante desatino.

​¿Hay 400.000 fascistas en Andalucía?

Quizá ese sea el contenido de las pesadillas que le asaltan a Pablo Iglesias por las noches. Aunque también parecería que fuera el sueño dorado que le permitiera decretar una alerta de tonos épicos contra el fascismo.

Pero la realidad parece ser más prosaica. Probablemente sean 400.000 andaluces hartos de un sistema democrático en el que la participación ciudadana se reduce a votar entre las alternativas pre-diseñadas por las cúpulas de los (dos) partidos políticos y nada más.

A posteriori es difícil saber si el color político del gobierno salido de cada convocatoria electoral se traduce en políticas, en especial en el terreno de la economía, diferentes a las que habría puesto en marcha un gobierno de color contrario.

​El votante cabreado

Estamos no ante el votante fascista sino ante el votante cabreado.

Este fenómeno no nace en diciembre de 2018, sino en mayo de 2014 cuando Podemos sorprendió en las elecciones al Parlamento Europeo al alcanzar el 8% de los votos. Este fue el primer aviso que el electorado español lanzaba contra el encorsetado sistema político-electoral.

En meses posteriores -diciembre de 2014- la media de encuestas otorgaba a Podemos su techo en intención de voto hasta alcanzar un 28%, situándose así en la elección preferida por parte de los encuestados.

No ha sido el único partido en ser el transmisor del cabreo electoral. En junio de 2018 la opción favorita de la media de encuestas recaía en Ciudadanos, con 27% de intención de voto.

​¿Qué fue de estos nuevos partidos?

La torpeza política de sus respectivos dirigentes sitúa a Unidas Podemos con una intención de voto del 11,6%, a fecha del 25 de febrero de 2022, y a Ciudadanos del 3,6%. Aunque en diferente cuantía, el hecho de que unos partidos nuevos llegaran en cierto momento a ser la opción preferida por los encuestados muestra que existe un sustancial cabreo de fondo entre los posibles votantes, Por desgracia la esperanza depositada en su día no encontró correspondencia en la talla política y el cumplimiento de promesas de aquéllos.

​¿Y Vox?

Con una intención actual de voto en torno al 19% según la media de encuestas, en mi opinión está cercano a su techo electoral, que yo sitúo no más allá del 20%. Debo decir que no es mi opción electoral preferida, pero lo que sí es seguro es que ese 20% no corresponde al porcentaje de fascistas en España: no hay más que echar una ojeada a cualquier encuesta de opinión sobre el régimen político preferido en nuestro país. Y lo más probable es que la trayectoria de Vox siga el mismo camino de ascenso-descenso de los dos casos anteriores.

​El misterio del votante cabreado

Lo que sí creo que constituye un misterio no es que esos porcentajes tan altos de intención de voto hayan ido a parar a partidos políticos con una historia tan reciente. Lo que de verdad es un misterio es que a pesar del fiasco protagonizado por éstos y la decadencia democrática del bipartidismo clásico todavía el votante español se siga acercando a las urnas cada vez que se le convoca.

Porque el problema no está en elegir a un partido o a otro. El problema reside en que los mecanismos de juego democrático, de transparencia y equilibrio de poderes, de independencia del poder judicial, de separación entre el legislativo y el ejecutivo están cada vez más oxidados. Porque cuando, por ejemplo, Unidas Podemos no aboga por la independencia del poder legislativo sino por “meter también la cuchara” en el reparto a dedo de magistrados del Consejo General del Poder Judicial, no vamos en la buena dirección.

Cuando el Senado no legisla sino que pide al Gobierno que lo haga, estamos claramente saliéndonos del camino adecuado. Si este último lo hace a golpe de Real-Decreto Ley, posteriormente plebiscitado por las Cortes, tampoco es algo positivo.

Por eso no es de extrañar que en el Índice de Democracia elaborado anualmente por la EIU de The Economist, el año 2021 hayamos descendido a segunda división, situándonos ahora en el grupo de las Democracias deficientes.

No puedo acabar este post sin añadirme al apoyo al pueblo ucraniano en su lucha contra el invasor ruso.

El próximo post dentro de dos martes, el 15 marzo 2022