¿De quién es lo público?

Vistos desde España, los norteamericanos tienen muchas cosas que no nos gustan, pero desde luego nos superan al menos en una cosa: cuando hablan de el gasto público siempre plantean la misma cuestión:

“¿qué están haciendo con MIS impuestos?”

En España esta pregunta no se la he oído formular a nadie. Los presupuestos públicos parece que no son cosa nuestra. Pagamos impuestos como si nos robaran dinero, cuyo destino final es algo ajeno a nosotros. La única excepción es ese 0,7 por 100 de la cuota integral de nuestra declaración de la Renta dedicado “al sostenimiento económico de la Iglesia Católica” o a “las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013”.

¿Y no podríamos intervenir en otros capítulos más sustanciales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas? Parece que no, tal y como nos desengañaron hace tiempo que Hacienda NO éramos todos.

De ahí que por tanto lo único que nos importa es pagar pocos impuestos y no qué se hace con ellos.

En algunos ayuntamientos se han “ensayado” consultas a los vecinos sobre qué hacer con tal o cual partida del presupuesto, dedicándola a un tema u otro. Pero no nos engañemos, las partidas importantes, los grandes contratos de gestión urbana o servicios sociales se realizan a espaldas de la opinión de los vecinos, en ayuntamientos de un color político u otro.

¿Se roban (nuestros) los impuestos?

Como recuerda el magistrado Joaquim Bosch en su reciente libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, el fenómeno de la corrupción se centra no en los funcionarios públicos sino en los políticos y sus cargos de confianza y que «en España, a nivel penal, sale rentable ser un corrupto». Con este panorama parece difícil no caer en la tentación de meter mano a las arcas públicas. Habría que suponer que en una democracia como la nuestra -o como la que al menos creo que nos merecemos- existen mecanismos para neutralizar ese tipo de tentaciones. Son los famosos “pesos y contrapesos” de una democracia sana, que aportan controles a lo que hacen los gestores públicos.

Y lo que no se roba, ¿qué tal se gestiona?

El primer control sobre los gestores públicos debería venir del poder judicial. Pero si el nombramiento de los miembros de la cúpula judicial es resultado del chalaneo entre los grandes partidos, como señala Rafael Jiménez Asensio en su blog, el órgano controlador se convierte en controlado.

Entre los controles democráticos hay además otros dos de vital importancia: la transparencia y la rendición de cuentas.

A pesar de una Ley de Transparencia aprobada hace ya casi 10 años el gobierno actual, por ejemplo se ha resistido a publicar el sueldo de sus asesores nombrados a dedo, cuyo número de 740 bate el récord de cualquier otro gobierno anterior. Y -curiosidades- aunque se trata de un gobierno paritario los asesores varones duplican el número de asesoras mujeres.

La (no) rendición de cuentas

¿Qué nos ocurriría si un año nos saltamos hacer la declaración de Renta? ¿Y si no lo hacemos durante tres años? ¿Y si no lo hemos hecho en los últimos diez años? Pues o nos vamos a vivir a Abu Dabi o tendremos serios problemas con Hacienda y en general con la justicia.

No ocurre así con las Corporaciones Locales, obligadas a presentar al Tribunal de Cuantas los resultados de cada ejercicio anual: 567 ayuntamientos no han rendido ninguna de sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 como informa la Fundación Civio. Al menos diez municipios no lo han hecho desde 2012: “Es el caso de Sacedón (Guadalajara), con Francisco Pérez Torrecilla como alcalde socialista en todo este periodo o Felix (Almería), dirigido por el popular Baldomero Martínez desde 2011 hasta 2019 y cuya alcaldía recuperó hace un año mediante una moción de censura” (idem, Fundación Civio).

Lo público, un chiringuito privado

Parece que lo público se convierte en el premio exclusivo del partido que ha conseguido el triunfo en las urnas para gobernar el ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el conjunto del país. Por eso hay quien propone que habría que reducir lo público a su mínima expresión.

En sentido opuesto algunos sectores de opinión defienden que todo lo público es bueno y cuanto más grande mejor, sin entrar a valorar quién ni cómo lo gestiona.

Pero lo cierto es que los defensores a ultranza de lo privado frente al sector público olvidan que, por ejemplo, grandes sectores económicos como el mundo internet o el sector farmacéutico se han desarrollado sobre los cimientos creados por el esfuerzo público en investigación y desarrollo, tal y como detalla Mariana Mazzucato en su libro El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado.