Como ya sabemos la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva atascada desde hace ya 4 años, saltándose la propia norma (“En casa del herrero…”), de modo que hasta la Comisión Europea nos sacó en julio pasado la tercera “tarjeta amarilla”, que ya tendría que haber sido tarjeta roja y media. Y todo porque buena parte de los puestos a renovar del CGPJ están en manos de los dos partidos mayoritarios, vía designación mayoritaria en las dos cámaras del Parlamento Español.

Este bloqueo impacta en la renovación del Tribunal Constitucional y en la tramitación de buen montón de grandes causas judiciales de alcance nacional.

¿En qué nos afecta? Lo que opinamos y lo que ocurre

Al común de los mortales nos pilla un poco de lejos esta crisis del aparato de la Justicia. De hecho parece que los tribunales cuanto más lejos mejor, sobre todo dada la opinión que se tiene sobre su funcionamiento.

La última vez que el CIS preguntó a los españoles sobre estas cuestiones (julio de 2019) el 72% de los entrevistados opinaba que los pleitos legales son tan caros que no compensa acudir a los tribunales, haciendo bueno el dicho de “pleitos tengas y los ganes”. Idéntico porcentaje piensa que la Administración de Justicia en España funciona “regular”, “mal” o “muy mal” (igual o peor que cinco años antes); el 51% que el grado de independencia que tienen los jueces es “bastante bajo” o “muy bajo”; y el 61% que los medios con los que cuentan los tribunales de Justicia son “más bien insuficientes”. Todo ello a pesar que la ciudadanía otorga una muy alta importancia (8,7 sobre 10) a cumplir siempre las leyes y las normas.

En una encuesta más reciente (mayo 2021) promovida por el propio CGPJ, “Los españoles y la justicia”, las opiniones siguen siendo más bien negativas. Así, más de un tercio de quienes han sido usuarios de la Justicia dicen haberse sentido en sede judicial “intimidados e incómodos”. Además el 72% de los encuestados que piensa que “la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella” no anda descaminado dado que la duración media de los procedimientos judiciales en España supera los 25 meses… a pesar de que la Constitución Española (art.24) garantice “un proceso público sin dilaciones indebidas”.

Sólo un 53% de los españoles piensa que los tribunales suelen ser imparciales en su actuación, frente a un 44% que opina lo contrario.

En fin, dos de cada tres españoles creen que los tribunales reciben presiones, de forma permanente. Estas presiones vendrían de los grupos políticos de todo tipo (89%), del gobierno de turno (86%), de los grupos de presión económicos y sociales (84%) o de los medios informativos (62%).

En conjunto no es extraño que la percepción sobre la eficiencia y calidad de la Administración de Justicia en España esté bastante por debajo de la media de la Unión Europea tal y como refleja el EU Justice Scoreboard de 2022.

Los indultos gubernamentales: la guinda del pastel

La aventura jurídica no acaba en la sentencia del tribunal, ya que el gobierno tiene potestad para perdonar el cumplimiento de la misma caso de ser desfavorable para quien es objeto de la misma. Es el indulto, que en las clásicas historias románticas se aplica al reo cuya situación personal y/o familiar puede recibir las simpatías de la opinión pública. El caso más reciente en España fue el de Juana Rivas, que recibió el indulto en 2021, tras un proceso de amplio alcance mediático.

Pero 2021 también pasó a la historia del indulto con la concesión del mismo a los nueve condenados en el juicio del procés.

La Fundación Civio lleva años elaborando el indultómetro. Gracias al mismo sabemos que los 50 indultos de 2021 constituye la cifra más alta de los últimos seis años, superando de sobra los 30 perdones de 2020. También que ha habido 231 indultos a condenados por corrupción desde 1996 y que los indultos para condenados por delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente son los más rápidos en concederse.

Es decir, el perfil de los indultos concedidos se aleja del enfoque “romántico”, para ajustarse a unas pautas más bien políticas, de protección “a los nuestros” o que se aplican a connivencias de politiqueo.

Y sin embargo…

Pero un Estado de Derecho que no cuente con una Administración de Justicia al servicio del ciudadano y con independencia contrastada no es realmente un Estado de Derecho. En nuestro caso es otra carencia a añadir a las que adolece el sistema político actual. Y a pesar de lo lejos que lo sintamos no cabe renunciar al mismo.

El próximo post dentro de dos martes, el 20 septiembre 2022