Hace días hemos asistido a la trifulca entre Mónica García -portavoz de Mas Madrid en la Asamblea Regional- y Enrique Ossorio, mano derecha de la Presidenta Díaz Ayuso. García acusó a Ossorio de cobrar los 195 euros en pago anual del bono social térmico supuestamente dedicado a familias “vulnerables”, circunstancia a todas luces no aplicable a la situación personal de Ossorio. El escándalo surgió al descubrirse que la familia de Mónica García también percibía el mismo bono social, que tampoco podría calificarse de “vulnerable”.

No dedicaré tiempo a detallar lo que es el bono eléctrico, el bono térmico y otras “ayudas” que el gobierno de turno despliega a modo de populismo limosnero. Pero la cuestión es por qué la mayoría de los supuestos hogares destinatarios no logran captar tales ayudas mientras que quienes no lo necesitan sí las perciben.

Ciber-secretismo

Buena parte de los procedimientos para asignar las ayudas se basan en oscuros criterios –algoritmo es la palabra- que las Administraciones Públicas se niegan a desvelar a pesar de la cacareada transparencia. Como señala la Fundación Civio «que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de Derecho». Algo que ya denunció Lawrence Lessig en su libro El código 2.0, que la editorial española ofrece descargar gratuitamente. La Administración online en vez de una ayuda se convierte en una barrera: “cada vez más procesos exigen trámites online, incluso convocatorias de ayudas sociales para personas desfavorecidas”.

Para estas personas el solo hecho de presentar la solicitud se convierte en una lucha imposible, ante una ventanilla que siempre encuentran cerrada.

¿Quién consigue las ayudas?

El resultado es desolador.

En los años 90 una serie de Comunidades Autónomas (CCAA) lanzaron programas contra la pobreza, basados en la Renta Mínima de Inserción (RMI). Un análisis llevado a cabo diez años después y recogido en la Revista del Instituto Nacional de Administración Pública concluía que “en una buena parte de las Comunidades Autónomas, la RMI existe principalmente sobre el papel con un desarrollo casi inexistente”.

Desde entonces las CCAA han ido reduciendo sus programas aprovechando la aparición del Ingreso Mínimo Vital (IMV) lanzado por el gobierno central: “muchas Comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social. Porque el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía, resulta a todas luces insuficiente”, como denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Respecto al IMV la AIReF, organismo oficial que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, señala que en el mejor de los casos sólo conseguiría cubrir el 60% de los hogares en riesgo de pobreza. A 31 de diciembre de 2021, sólo había llegado al 40% de sus beneficiarios potenciales. A pesar de un número elevado de solicitudes un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. La pesadilla del papeleo burocrático ha sido motivo preponderante del rechazo de solicitudes, esto en familias que precisamente son las que cuentan con escasos recursos. Pero quienes pudieron reclamar en los tribunales esos rechazos, ganaron en el 42% de las veces. Además, el 57% de los posibles beneficiarios ni siquiera lo habían solicitado.

Por eso los propios funcionarios de la Seguridad Social han denunciado como caótica la gestión del IMV, que se ha intentado paliar echando mano de interinos u ONGs.

Casi mejor que no me ayude

A este panorama se añade los por desgracia habituales retrasos en la concesión de ayudas de cualquier tipo. La razón más importante suele ser la fallida colaboración entre gobierno central -que fija las políticas, los criterios y los fondos- y las Comunidades Autónomas que ejecutan la distribución. Uno y otras se echan mutuamente la culpa, pero en casos como la Atención a la Dependencia o los más de dos meses y medio esperando cobrar la baja por paternidad, por el colapso de la Seguridad social, la situación puede ser dramática.

De la imposible cita previa a las cuasi-mafias

El abogado gallego Diego Gómez Fernández lleva meses luchando por abolir la cita previa obligatoria ante las Administraciones Públicas, objetivo ya conseguido en Galicia y otras CCAA. Pero en la Administración Central y la mayoría de las CCAA la pesadilla de el mero hecho de conseguir la ansiada ha provocado la aparición de una especia de reventa ilegal de citas previas. Como recoge el diario El País “conseguir que un funcionario te reciba para revisar la pensión se cotiza a 50 euros, lograr la cita para pedir asilo llega a 200 euros. Es un negocio clandestino a medias: la Administración sabe perfectamente que existe”.

¿Qué van a hacer los partidos políticos? A más de uno se le va a congelar en la mano la papeleta de voto de las próximas elecciones.

El próximo post dentro de dos martes, el 4 abril 2023