¿Nos importa algo lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial?

Como ya sabemos la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva atascada desde hace ya 4 años, saltándose la propia norma (“En casa del herrero…”), de modo que hasta la Comisión Europea nos sacó en julio pasado la tercera “tarjeta amarilla”, que ya tendría que haber sido tarjeta roja y media. Y todo porque buena parte de los puestos a renovar del CGPJ están en manos de los dos partidos mayoritarios, vía designación mayoritaria en las dos cámaras del Parlamento Español.

Este bloqueo impacta en la renovación del Tribunal Constitucional y en la tramitación de buen montón de grandes causas judiciales de alcance nacional.

¿En qué nos afecta? Lo que opinamos y lo que ocurre

Al común de los mortales nos pilla un poco de lejos esta crisis del aparato de la Justicia. De hecho parece que los tribunales cuanto más lejos mejor, sobre todo dada la opinión que se tiene sobre su funcionamiento.

La última vez que el CIS preguntó a los españoles sobre estas cuestiones (julio de 2019) el 72% de los entrevistados opinaba que los pleitos legales son tan caros que no compensa acudir a los tribunales, haciendo bueno el dicho de pleitos tengas y los ganes. Idéntico porcentaje piensa que la Administración de Justicia en España funciona “regular”, “mal” o “muy mal” (igual o peor que cinco años antes); el 51% que el grado de independencia que tienen los jueces es “bastante bajo” o “muy bajo”; y el 61% que los medios con los que cuentan los tribunales de Justicia son “más bien insuficientes”. Todo ello a pesar que la ciudadanía otorga una muy alta importancia (8,7 sobre 10) a cumplir siempre las leyes y las normas.

En una encuesta más reciente (mayo 2021) promovida por el propio CGPJ, “Los españoles y la justicia”, las opiniones siguen siendo más bien negativas. Así, más de un tercio de quienes han sido usuarios de la Justicia dicen haberse sentido en sede judicial “intimidados e incómodos”. Además el 72% de los encuestados que piensa que “la Administración de Justicia es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella” no anda descaminado dado que la duración media de los procedimientos judiciales en España supera los 25 meses… a pesar de que la Constitución Española (art.24) garantice “un proceso público sin dilaciones indebidas”.

Sólo un 53% de los españoles piensa que los tribunales suelen ser imparciales en su actuación, frente a un 44% que opina lo contrario.

En fin, dos de cada tres españoles creen que los tribunales reciben presiones, de forma permanente. Estas presiones vendrían de los grupos políticos de todo tipo (89%), del gobierno de turno (86%), de los grupos de presión económicos y sociales (84%) o de los medios informativos (62%).

En conjunto no es extraño que la percepción sobre la eficiencia y calidad de la Administración de Justicia en España esté bastante por debajo de la media de la Unión Europea tal y como refleja el EU Justice Scoreboard de 2022.

Los indultos gubernamentales: la guinda del pastel

La aventura jurídica no acaba en la sentencia del tribunal, ya que el gobierno tiene potestad para perdonar el cumplimiento de la misma caso de ser desfavorable para quien es objeto de la misma. Es el indulto, que en las clásicas historias románticas se aplica al reo cuya situación personal y/o familiar puede recibir las simpatías de la opinión pública. El caso más reciente en España fue el de Juana Rivas, que recibió el indulto en 2021, tras un proceso de amplio alcance mediático.

Pero 2021 también pasó a la historia del indulto con la concesión del mismo a los nueve condenados en el juicio del procés.

La Fundación Civio lleva años elaborando el indultómetro. Gracias al mismo sabemos que los 50 indultos de 2021 constituye la cifra más alta de los últimos seis años, superando de sobra los 30 perdones de 2020. También que ha habido 231 indultos a condenados por corrupción desde 1996 y que los indultos para condenados por delitos contra la ordenación del territorio, el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente son los más rápidos en concederse.

Es decir, el perfil de los indultos concedidos se aleja del enfoque “romántico”, para ajustarse a unas pautas más bien políticas, de protección “a los nuestros” o que se aplican a connivencias de politiqueo.

Y sin embargo…

Pero un Estado de Derecho que no cuente con una Administración de Justicia al servicio del ciudadano y con independencia contrastada no es realmente un Estado de Derecho. En nuestro caso es otra carencia a añadir a las que adolece el sistema político actual. Y a pesar de lo lejos que lo sintamos no cabe renunciar al mismo.

El próximo post dentro de dos martes, el 20 septiembre 2022

Anuncio publicitario

¿De quién es lo público?

Vistos desde España, los norteamericanos tienen muchas cosas que no nos gustan, pero desde luego nos superan al menos en una cosa: cuando hablan de el gasto público siempre plantean la misma cuestión:

¿qué están haciendo con MIS impuestos?”

En España esta pregunta no se la he oído formular a nadie. Los presupuestos públicos parece que no son cosa nuestra. Pagamos impuestos como si nos robaran dinero, cuyo destino final es algo ajeno a nosotros. La única excepción es ese 0,7 por 100 de la cuota integral de nuestra declaración de la Renta dedicado “al sostenimiento económico de la Iglesia Católica” o a “las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013”.

¿Y no podríamos intervenir en otros capítulos más sustanciales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas? Parece que no, tal y como nos desengañaron hace tiempo que Hacienda NO éramos todos.

De ahí que por tanto lo único que nos importa es pagar pocos impuestos y no qué se hace con ellos.

En algunos ayuntamientos se han “ensayado” consultas a los vecinos sobre qué hacer con tal o cual partida del presupuesto, dedicándola a un tema u otro. Pero no nos engañemos, las partidas importantes, los grandes contratos de gestión urbana o servicios sociales se realizan a espaldas de la opinión de los vecinos, en ayuntamientos de un color político u otro.

¿Se roban (nuestros) los impuestos?

Como recuerda el magistrado Joaquim Bosch en su reciente libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, el fenómeno de la corrupción se centra no en los funcionarios públicos sino en los políticos y sus cargos de confianza y que «en España, a nivel penal, sale rentable ser un corrupto». Con este panorama parece difícil no caer en la tentación de meter mano a las arcas públicas. Habría que suponer que en una democracia como la nuestra -o como la que al menos creo que nos merecemos- existen mecanismos para neutralizar ese tipo de tentaciones. Son los famosos “pesos y contrapesos” de una democracia sana, que aportan controles a lo que hacen los gestores públicos.

Y lo que no se roba, ¿qué tal se gestiona?

El primer control sobre los gestores públicos debería venir del poder judicial. Pero si el nombramiento de los miembros de la cúpula judicial es resultado del chalaneo entre los grandes partidos, como señala Rafael Jiménez Asensio en su blog, el órgano controlador se convierte en controlado.

Entre los controles democráticos hay además otros dos de vital importancia: la transparencia y la rendición de cuentas.

A pesar de una Ley de Transparencia aprobada hace ya casi 10 años el gobierno actual, por ejemplo se ha resistido a publicar el sueldo de sus asesores nombrados a dedo, cuyo número de 740 bate el récord de cualquier otro gobierno anterior. Y -curiosidades- aunque se trata de un gobierno paritario los asesores varones duplican el número de asesoras mujeres.

La (no) rendición de cuentas

¿Qué nos ocurriría si un año nos saltamos hacer la declaración de Renta? ¿Y si no lo hacemos durante tres años? ¿Y si no lo hemos hecho en los últimos diez años? Pues o nos vamos a vivir a Abu Dabi o tendremos serios problemas con Hacienda y en general con la justicia.

No ocurre así con las Corporaciones Locales, obligadas a presentar al Tribunal de Cuantas los resultados de cada ejercicio anual: 567 ayuntamientos no han rendido ninguna de sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 como informa la Fundación Civio. Al menos diez municipios no lo han hecho desde 2012: “Es el caso de Sacedón (Guadalajara), con Francisco Pérez Torrecilla como alcalde socialista en todo este periodo o Felix (Almería), dirigido por el popular Baldomero Martínez desde 2011 hasta 2019 y cuya alcaldía recuperó hace un año mediante una moción de censura” (idem, Fundación Civio).

Lo público, un chiringuito privado

Parece que lo público se convierte en el premio exclusivo del partido que ha conseguido el triunfo en las urnas para gobernar el ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el conjunto del país. Por eso hay quien propone que habría que reducir lo público a su mínima expresión.

En sentido opuesto algunos sectores de opinión defienden que todo lo público es bueno y cuanto más grande mejor, sin entrar a valorar quién ni cómo lo gestiona.

Pero lo cierto es que los defensores a ultranza de lo privado frente al sector público olvidan que, por ejemplo, grandes sectores económicos como el mundo internet o el sector farmacéutico se han desarrollado sobre los cimientos creados por el esfuerzo público en investigación y desarrollo, tal y como detalla Mariana Mazzucato en su libro El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado.

Reconquistar lo público

Queda demasiado por hacer y a veces parece tarea imposible, pero rendirse no es una opción.

El próximo post dentro de dos martes, el 5 julio 2022

Pagando impuestos, o no, en España

Periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sondea nuestras opiniones sobre la política fiscal en España. En la última ocasión, el pasado mes de julio, más del 90% de las personas entrevistadas consideraban que existía bastante o mucho fraude fiscal en España. Una de las cosas más sorprendentes es que esta visión negativa lejos de reducirse a lo largo de estos años de democracia ha ido más bien en aumento. Así, durante los treinta años que el CIS viene haciendo la misma pregunta las opiniones pesimistas han pasado del 74,5%, en junio de 1991, al 91,4% actual.

​¿ Fraude?, pero legal

Cómo es posible que casi todo el mundo piense que se puede engañar a Hacienda de forma tan habitual, cuando la poderosa Agencia Tributaria (AEAT) utiliza avanzadas herramientas de Big Data para cazar a quien «se sale de la fila», sea celebrity o no, y además la mayoría de los mortales dependemos de ingresos cuya entidad de origen «sopla» a la AEAT hasta el último céntimo que recibimos.

El CIS también nos pregunta si creemos que «los impuestos se cobran con justicia esto es, que pagan más quienes más tienen«. El 81,4% no lo cree así. Nuevamente, el pesimismo se ha ido extendiendo desde junio de 1984, cuando «sólo» el 61,4% opinaba de ese modo.

Otra «curiosidad» de estas encuestas es que se centran sólo en el comportamiento fiscal de las personas individuales, pero no se recogen las opiniones sobre si los impuestos indirectos (sobre la gasolina, la luz, etc.) son justos o no tal y como se recaudan o, menos aún, qué opinamos sobre la tributación por los beneficios empresariales o por los de las entidades de inversión (fondos y SICAV). Es decir, habría que preguntar no sólo sobre si se cumple individualmente con el fisco sino también si nos parece que esta legislación es la adecuada y justa.

Hace años Warren Buffet siendo entonces la segunda persona más rica del mundo señaló que pagaba menos impuestos que cualquiera de sus empleados, ¡y eso cumpliendo estrictamente la normativa fiscal! (Actualmente ocupa la sexta posición, con sólo 92.000 millones de dólares).

Obligaciones fiscales con nombre y apellidos; beneficios anónimos

Las pequeñas y medianas empresas tributan en España un 25% de sus beneficios -Impuesto de Sociedades-, que sube al 30% para las grandes empresas… …EN TEORÍA. La realidad es más bien distinta. Según datos de la propia Agencia Tributaria en 2018 las empresas tributaron una media del 9,49% de su beneficio, por debajo del 10,7% que pagaron en 2017. ¿Qué individuo que perciba un salario más allá del nivel mileurista tributa por IRPF menos del 10%?

​Más grande = Menos impuestos

La cosa no queda ahí. Las pequeñas empresas tributaron un 15,7%, las medianas un 15,04% y las grandes… una media del 6,6%. Pero en el caso de «nuestras» grandes multinacionales, en 2017 las 22 que en conjunto acapararon más del 25% del beneficio total sólo abonaron un tipo efectivo medio del 1,3%.

​El caso de las SICAV

Las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) se llevan la palma en lo que se refiere a no arrimar el hombro fiscalmente hablando. Se las aplica un Impuesto sobre Sociedades del… ¡1%!, lo mismo que a los fondos de inversión. La diferencia con estos últimos es que los partícipes de las SICAV gestionan el destino de las inversiones realizadas, y suelen ser el refugio de las grandes fortunas, dada su privacidad y práctica ausencia fiscal.

Las SICAV por ello han sido desde hace muchos años fuertemente criticadas. La reciente Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha sido la ocasión desaprovechada por el actual gobierno «progresista» para cambiar la situación. Se sigue manteniendo el tipo impositivo del 1% (¿es esto una política económica «progresista»?) y sólo se retoca tímidamente el importe mínimo de cada accionista. Pero si alguna gran fortuna se siente amenazada la Ley «introduce un beneficioso régimen de disolución y liquidación» (Expansión, 15 julio 2021).

En fin, se podría argumentar que las SICAV son un instrumento de inversión para el crecimiento económico del país. Pues no: el 78% del patrimonio de las SICAV españolas está invertido en el extranjero.

​Hacienda somos… ¿todos?

Con este panorama no es de extrañar que la presión fiscal en España sea casi 6 puntos menor que la media de la Unión Europea. Pero no porque las personas individuales aportemos poco. Según datos de Eurostat el problema está en el impuesto de Sociedades, el IVA y los impuestos medioambientales.

Aunque hace años nos dijeron que «Hacienda éramos todos«, durante el juicio contra los ex-duques de Palma la Abogada del Estado Dolores Ripoll nos reveló que era sólo publicidad y por tanto una acusación particular no puede actuar en defensa de la Hacienda pública. Tampoco lo hizo la Abogada del Estado.

El próximo post dentro de dos martes, el 28 septiembre 2021