Fatiga de crispación

Si algo caracteriza la campaña electoral permanente en la que estamos metidos es la crispación. Es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles -un 87%- y señalan sin dudar a los causantes: los políticos y los partidos políticos, secundados por los medios de comunicación. Esta crispación busca provocar la indignatitis identitaria, intentando que lo que es diversidad social se reduzca a recalcar lo que nos separa del resto y provocar el enfrentamiento.

La crispación está llegando a niveles insoportables. Pero a pesar de que somos conscientes que esto no nos lleva a nada, al menos a nada bueno, no acabamos de encontrar la salida de esta ratonera.

¿La solución es votar? Con la crispación se intenta ponernos en la tesitura de votar –pero no elegir- a aquéllos a quienes otros han colocado a dedo a la cabeza de listas cerradas y bloqueadas, de modo que otorguemos patente de corso para el saqueo de los bienes públicos a manos de los ganadores… “porque los contrarios son peores que ellos”.

Más allá de las urnas

Una democracia que se reduce a votar cada cuatro años, y más con el sistema electoral y de partidos políticos que tenemos, es una democracia muy imperfecta. Pero es que además las cuestiones realmente importantes y las reformas profundas necesarias no se resuelven dentro del periodo que va de unas elecciones a las siguientes. Veamos algunos ejemplos.

Todos los años se crea una gran debate en torno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma de turno. Parece que nos va en ello el porvenir económico y social del país, a juzgar por la batalla que se abre. Pero la realidad es que la mayor parte de esos Presupuestos, tanto en ingresos como en gastos, están ya prefijados por la propia dinámica fiscal y de gastos sociales. Los variaciones posibles están en partidas marginales que, eso sí, sirven para que el Gobierno de turno vaya chalaneando con partidos minoritarios la compra de sus votos y conseguir la aprobación de los Presupuestos; como si fuera un gran triunfo, de cuyos efectos reales nunca acabamos de enterarnos. Cuando los Presupuestos de un año se prorrogan al siguiente por falta de acuerdo, ¿realmente importa?

Un segundo ejemplo es que parece que lo único que se debate hoy en día es el tamaño del sector público, aunque lo importante es que sea eficaz, eficiente y al servicio real de la ciudadanía. Cualquier formación política que prometa que en los cuatro años de su mandato electoral va a transformar la Administración Pública sencillamente miente. Nos recordaba hace pocos días Rafael Jiménez Asensio que no puede haber buen Gobierno sin buena Administración, y cómo esto no se consigue de la noche a la mañana y menos sin voluntad política real.

El ejercicio de votar, faltando otros elementos esenciales, se reduce a puro marketing, beneficioso únicamente para quien ha ganado las elecciones y se hace con el botín correspondiente.

Dejo para otro día el análisis de la publicidad con que los gobiernos de turno trata de demostrar sus logros, basándose en datos sin contrastar, algoritmos imposibles de examinar o informaciones que se niega a suministrar.

Entonces, ¿qué nos queda?

Hace unos años conocí a un norteamericano nacido en Iowa (USA), en la América profunda, y afincado en España. Le sorprendía la costumbre arraigada en España que cuando alguien tenía un problema se remitía a la “autoridad competente” para pedir una solución. En Estados Unidos, me decía, cuando alguien tiene un problema trata de solucionarlo por sus propios medios. En su defecto, pide ayuda al vecindario cercano o en el seno de su comunidad o localidad. Sólo cuando lo anterior no ha funcionado, se dirige al gobierno de su Estado o al gobierno federal.

No todos los usos y costumbres norteamericanos son dignos de imitación (creo que no hace falta entrar en detalles), pero tomar la iniciativa antes de esperar una solución venida de las alturas me parece algo que deberíamos practicar más.

Pero además de tomar la iniciativa, solemos fallar en dar el siguiente paso esencial: llegar a acuerdos entre sectores de población e intereses diversos. No es imposible, aunque esto suponga tiempo y tener la voluntad de llegar a puntos comunes más allá de nuestra realidad inmediata. Son los nuevos contratos sociales que plantea Minouche Shafik en su libro Lo que nos debemos unos a otros. Un nuevo contrato social. Avanzaremos hacia una sociedad más libre y a la vez más fuerte, que controle al Leviatán del Estado.

Cuando existan partidos políticos que no sean meras herramientas de marketing electoral o vías para acaparar cargos públicos, habremos empezado a entrar en un régimen democrático más saneado.

Hasta entonces es mejor dedicarnos desde la sociedad civil a ir construyendo iniciativas que tiendan puentes entre las personas.

El próximo post dentro de dos martes, el 7 febrero 2023

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“Todas nuestras líneas se encuentran ocupadas”

¿Quién no ha escuchado esta cantinela al llamar por teléfono a algún organismo público solicitando una información o, peor aún, una codiciada “cita previa”? A veces nos intentan disuadir de seguir dando la lata al anunciar que el tiempo de espera es de… (siempre por encima de los veinte minutos) o nos ponen música para que al cabo de un buen rato, pagando por la llamada a un 902… ó 901…, se corte la comunicación.

¿Y si lo intentamos por internet? Tras haber conseguido el DNI electrónico, la Firma Digital, la Cla@ve PIN, la Cl@ve Permanente o el Certificado Digital, descubrimos que no hay cita previa disponible de ninguna de las formas. Los testimonios recientes ponen los pelos de punta: 45 días de media de espera para una cita previa; diez meses de espera en la Seguridad Social de Alicante para poder tramitar la pensión de jubilación; lo mismo en Navarra; o teniendo que desplazarse a otra ciudad, o la imposibilidad absoluta como ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras.

Es la ciber-versión de lo que hace casi dos siglos el escritor del romanticismo español Mariano José de Larra denunciaba en su famoso artículo Vuelva usted mañana. La situación empieza a ser esperpéntica cuando hay que dedicarse a averiguar a qué hora el sistema informático de la Seguridad Social se reactiva y así ser de los primeros en conectarse. Una persona de mi entorno consiguió la valiosa cita previa ¡conectándose a las cinco de la madrugada! (no es broma).

¿Desidia? ¿Se necesita tiempo? ¿O es una política deliberada?

Si en los años de pandemia la cita previa podría tener una razón de ser con objeto de elevar las barreras anti-contagio, el perpetuamiento de esta medida ha sido ya denunciada como no ajustada a derecho.

Se trata de una pieza más de una política destinada a obstaculizar el acceso de los ciudadanos a las Administraciones Públicas (AAPP) y su control. Así, cabe reseñar los incumplimientos continuos de las AAPP en materia de transparencia o el uso reiterado de un lenguaje alejado del entender medio de la población a la que dice servir.

Un lenguaje críptico en la justicia…

Un ejemplo sangrante es el lenguaje jurídico, con una ilustrativa historia reciente. Como ya en su día reconoció -hace once años- el propio Gobierno “el empleo de un lenguaje más sencillo y comprensible en el ámbito jurídico es una asignatura pendiente desde hace tiempo”. Juan Carlos Campo, entonces Secretario de Estado y recién (y polémico) miembro del Tribunal Constitucional, encabezó una Comisión para la Modernización del lenguaje jurídico, cuyo informe final de septiembre de 2011 no volvió a ser desempolvado hasta que el propio Juan Carlos Campo, ya Ministro de Justicia, decidió “iniciar una línea de colaboración” (¿?) con la Real Academia Española en junio de 2020.

Hasta ahora.

…y en toda la Administración Pública: el muro del lenguaje

Un reciente estudio de la consultora Prodigioso Volcán -del que se hizo eco rtve y el propio Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)- analizó 760 escritos vinculados a distintos organismos públicos, concluyendo que el 78% de los textos administrativos no son claros. Los más complejos son precisamente los que explican cómo solicitar una ayuda, beca o subvención: el 98% de éstos no son fáciles de entender.

Estrella Montolío, Catedrática de Lengua Española en la Universitat de Barcelona, señala el fracaso comunicativo de la Administración: “la confianza entre individuos e instituciones, de igual modo que entre las personas, se genera interactuando, en la conversación. No hay confianza posible cuando el emisor resulta no solo incomprensible, sino también inquietante”.

Montolío es la autora del Manifiesto por un lenguaje claro en la Administración, lanzado por La revista de lengua y literatura Archiletras. Dicho Manifiesto fue presentado recientemente al Presidente Sánchez, quien se limitó a decir que el Gobierno “ha puesto en marcha un proyecto para renovar y mejorar la forma en la que se responde a los cientos de personas que semanalmente se ponen en contacto con el Gabinete del presidente” Y eso es todo.

Más que una cuestión de lenguaje

Para acceder a ayudas sociales en ocasiones se establecen exigencias administrativas absurdas, como si hubiera una presunción de que los necesitados se aprovechan del sistema.

Esta situación se repite cada vez que el Ejecutivo ha lanzado un programa de lucha contra la desigualdad. Estos avances se están viendo enturbiados por la aplicación del principio de sospecha a quienes más urgentemente necesitan ayuda, es decir, a los pobres.

Por eso la Accesibilidad a las Webs oficiales sigue siendo deficiente, como reconoce el propio Observatorio gubernamental.

Es la misma actitud que presupone que las Administraciones Públicas no son sino el botín ganado por las cúpulas de los partidos que han batido a los contrarios en las urnas. Como si lo público no fuera de la ciudadanía y la malversación no fuera importante.

El próximo post dentro de dos martes, el 24 enero 2023