Las familias vulnerables ante la ciber-burocracia

Hace días hemos asistido a la trifulca entre Mónica García -portavoz de Mas Madrid en la Asamblea Regional- y Enrique Ossorio, mano derecha de la Presidenta Díaz Ayuso. García acusó a Ossorio de cobrar los 195 euros en pago anual del bono social térmico supuestamente dedicado a familias “vulnerables”, circunstancia a todas luces no aplicable a la situación personal de Ossorio. El escándalo surgió al descubrirse que la familia de Mónica García también percibía el mismo bono social, que tampoco podría calificarse de “vulnerable”.

No dedicaré tiempo a detallar lo que es el bono eléctrico, el bono térmico y otras “ayudas” que el gobierno de turno despliega a modo de populismo limosnero. Pero la cuestión es por qué la mayoría de los supuestos hogares destinatarios no logran captar tales ayudas mientras que quienes no lo necesitan sí las perciben.

Ciber-secretismo

Buena parte de los procedimientos para asignar las ayudas se basan en oscuros criterios –algoritmo es la palabra- que las Administraciones Públicas se niegan a desvelar a pesar de la cacareada transparencia. Como señala la Fundación Civio «que se nos regule mediante código fuente o algoritmos secretos es algo que jamás debe permitirse en un Estado social, democrático y de Derecho». Algo que ya denunció Lawrence Lessig en su libro El código 2.0, que la editorial española ofrece descargar gratuitamente. La Administración online en vez de una ayuda se convierte en una barrera: “cada vez más procesos exigen trámites online, incluso convocatorias de ayudas sociales para personas desfavorecidas”.

Para estas personas el solo hecho de presentar la solicitud se convierte en una lucha imposible, ante una ventanilla que siempre encuentran cerrada.

¿Quién consigue las ayudas?

El resultado es desolador.

En los años 90 una serie de Comunidades Autónomas (CCAA) lanzaron programas contra la pobreza, basados en la Renta Mínima de Inserción (RMI). Un análisis llevado a cabo diez años después y recogido en la Revista del Instituto Nacional de Administración Pública concluía que “en una buena parte de las Comunidades Autónomas, la RMI existe principalmente sobre el papel con un desarrollo casi inexistente”.

Desde entonces las CCAA han ido reduciendo sus programas aprovechando la aparición del Ingreso Mínimo Vital (IMV) lanzado por el gobierno central: “muchas Comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social. Porque el IMV trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía, resulta a todas luces insuficiente”, como denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Respecto al IMV la AIReF, organismo oficial que vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, señala que en el mejor de los casos sólo conseguiría cubrir el 60% de los hogares en riesgo de pobreza. A 31 de diciembre de 2021, sólo había llegado al 40% de sus beneficiarios potenciales. A pesar de un número elevado de solicitudes un porcentaje muy alto resultaron rechazadas. La pesadilla del papeleo burocrático ha sido motivo preponderante del rechazo de solicitudes, esto en familias que precisamente son las que cuentan con escasos recursos. Pero quienes pudieron reclamar en los tribunales esos rechazos, ganaron en el 42% de las veces. Además, el 57% de los posibles beneficiarios ni siquiera lo habían solicitado.

Por eso los propios funcionarios de la Seguridad Social han denunciado como caótica la gestión del IMV, que se ha intentado paliar echando mano de interinos u ONGs.

Casi mejor que no me ayude

A este panorama se añade los por desgracia habituales retrasos en la concesión de ayudas de cualquier tipo. La razón más importante suele ser la fallida colaboración entre gobierno central -que fija las políticas, los criterios y los fondos- y las Comunidades Autónomas que ejecutan la distribución. Uno y otras se echan mutuamente la culpa, pero en casos como la Atención a la Dependencia o los más de dos meses y medio esperando cobrar la baja por paternidad, por el colapso de la Seguridad social, la situación puede ser dramática.

De la imposible cita previa a las cuasi-mafias

El abogado gallego Diego Gómez Fernández lleva meses luchando por abolir la cita previa obligatoria ante las Administraciones Públicas, objetivo ya conseguido en Galicia y otras CCAA. Pero en la Administración Central y la mayoría de las CCAA la pesadilla de el mero hecho de conseguir la ansiada ha provocado la aparición de una especia de reventa ilegal de citas previas. Como recoge el diario El País “conseguir que un funcionario te reciba para revisar la pensión se cotiza a 50 euros, lograr la cita para pedir asilo llega a 200 euros. Es un negocio clandestino a medias: la Administración sabe perfectamente que existe”.

¿Qué van a hacer los partidos políticos? A más de uno se le va a congelar en la mano la papeleta de voto de las próximas elecciones.

El próximo post dentro de dos martes, el 4 abril 2023

Anuncio publicitario

“Todas nuestras líneas se encuentran ocupadas”

¿Quién no ha escuchado esta cantinela al llamar por teléfono a algún organismo público solicitando una información o, peor aún, una codiciada “cita previa”? A veces nos intentan disuadir de seguir dando la lata al anunciar que el tiempo de espera es de… (siempre por encima de los veinte minutos) o nos ponen música para que al cabo de un buen rato, pagando por la llamada a un 902… ó 901…, se corte la comunicación.

¿Y si lo intentamos por internet? Tras haber conseguido el DNI electrónico, la Firma Digital, la Cla@ve PIN, la Cl@ve Permanente o el Certificado Digital, descubrimos que no hay cita previa disponible de ninguna de las formas. Los testimonios recientes ponen los pelos de punta: 45 días de media de espera para una cita previa; diez meses de espera en la Seguridad Social de Alicante para poder tramitar la pensión de jubilación; lo mismo en Navarra; o teniendo que desplazarse a otra ciudad, o la imposibilidad absoluta como ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras.

Es la ciber-versión de lo que hace casi dos siglos el escritor del romanticismo español Mariano José de Larra denunciaba en su famoso artículo Vuelva usted mañana. La situación empieza a ser esperpéntica cuando hay que dedicarse a averiguar a qué hora el sistema informático de la Seguridad Social se reactiva y así ser de los primeros en conectarse. Una persona de mi entorno consiguió la valiosa cita previa ¡conectándose a las cinco de la madrugada! (no es broma).

¿Desidia? ¿Se necesita tiempo? ¿O es una política deliberada?

Si en los años de pandemia la cita previa podría tener una razón de ser con objeto de elevar las barreras anti-contagio, el perpetuamiento de esta medida ha sido ya denunciada como no ajustada a derecho.

Se trata de una pieza más de una política destinada a obstaculizar el acceso de los ciudadanos a las Administraciones Públicas (AAPP) y su control. Así, cabe reseñar los incumplimientos continuos de las AAPP en materia de transparencia o el uso reiterado de un lenguaje alejado del entender medio de la población a la que dice servir.

Un lenguaje críptico en la justicia…

Un ejemplo sangrante es el lenguaje jurídico, con una ilustrativa historia reciente. Como ya en su día reconoció -hace once años- el propio Gobierno “el empleo de un lenguaje más sencillo y comprensible en el ámbito jurídico es una asignatura pendiente desde hace tiempo”. Juan Carlos Campo, entonces Secretario de Estado y recién (y polémico) miembro del Tribunal Constitucional, encabezó una Comisión para la Modernización del lenguaje jurídico, cuyo informe final de septiembre de 2011 no volvió a ser desempolvado hasta que el propio Juan Carlos Campo, ya Ministro de Justicia, decidió “iniciar una línea de colaboración” (¿?) con la Real Academia Española en junio de 2020.

Hasta ahora.

…y en toda la Administración Pública: el muro del lenguaje

Un reciente estudio de la consultora Prodigioso Volcán -del que se hizo eco rtve y el propio Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)- analizó 760 escritos vinculados a distintos organismos públicos, concluyendo que el 78% de los textos administrativos no son claros. Los más complejos son precisamente los que explican cómo solicitar una ayuda, beca o subvención: el 98% de éstos no son fáciles de entender.

Estrella Montolío, Catedrática de Lengua Española en la Universitat de Barcelona, señala el fracaso comunicativo de la Administración: “la confianza entre individuos e instituciones, de igual modo que entre las personas, se genera interactuando, en la conversación. No hay confianza posible cuando el emisor resulta no solo incomprensible, sino también inquietante”.

Montolío es la autora del Manifiesto por un lenguaje claro en la Administración, lanzado por La revista de lengua y literatura Archiletras. Dicho Manifiesto fue presentado recientemente al Presidente Sánchez, quien se limitó a decir que el Gobierno “ha puesto en marcha un proyecto para renovar y mejorar la forma en la que se responde a los cientos de personas que semanalmente se ponen en contacto con el Gabinete del presidente” Y eso es todo.

Más que una cuestión de lenguaje

Para acceder a ayudas sociales en ocasiones se establecen exigencias administrativas absurdas, como si hubiera una presunción de que los necesitados se aprovechan del sistema.

Esta situación se repite cada vez que el Ejecutivo ha lanzado un programa de lucha contra la desigualdad. Estos avances se están viendo enturbiados por la aplicación del principio de sospecha a quienes más urgentemente necesitan ayuda, es decir, a los pobres.

Por eso la Accesibilidad a las Webs oficiales sigue siendo deficiente, como reconoce el propio Observatorio gubernamental.

Es la misma actitud que presupone que las Administraciones Públicas no son sino el botín ganado por las cúpulas de los partidos que han batido a los contrarios en las urnas. Como si lo público no fuera de la ciudadanía y la malversación no fuera importante.

El próximo post dentro de dos martes, el 24 enero 2023

Tecno-populismo: todo para el pueblo pero sin el pueblo

Las ideas difundidas por la Ilustración del siglo XVIII (perdón por remontarme a un siglo que parece va a desaparecer de la asignatura de historia de nuestro bachillerato, para pasmo de la Real Academia de la Historia), que atacaban los planteamientos del Antiguo Régimen, fueron asumidas por un grupo de monarcas impulsores del enriquecimiento cultural de sus países, que adoptaron un discurso paternalista desde entonces llamado Despotismo Ilustrado.

Déspotas (más o menos) ilustrados

Carlos III de España, Catalina II de Rusia, Gustavo III de Suecia, José I de Portugal, María Teresa I de Austria y su hijos José II de Austria y Leopoldo II de Austria, Federico II de Prusia y Luis XVI de Francia, fueron algunas de las figuras más conocidas. Se apostaba por un cambio pacífico orientado desde arriba para educar a las masas no ilustradas. Los problemas del Estado absolutista requerían de la colaboración de personas cualificadas y con nuevas ideas, dispuestos a reformar e impulsar el desarrollo político y económico de las naciones, para así lograr una mayor eficiencia del Estado, en beneficio de este y de los súbditos. En definitiva: todo para el pueblo, pero sin el pueblo.

Federico II de Prusia: el Grande

Ecos de este absolutismo paternalista vuelven a resonar en la Rusia contemporánea de Vladimir Putin. Pero en nuestro propio país la tentación del despotismo ilustrado parece recibir un nuevo impulso en lo que se ha bautizado como tecno-populismo.

Todo para el pueblo…

La palabrería populista, sensacionalista y sensiblera es una constante en las declaraciones de las élites políticas servidas diariamente por los medios de “comunicación”. Contamos con dos tipos de “ofertas políticas”: la de los dos partidos mayoritarios, centradas en el “no los votes a ellos que es peor”; y las de los partidos minoritarios, orientadas al “ellos no te representan (nosotros sí)”.

En el primer caso parece que hay un juego del tipo fiestas del pueblo con vaquilla: que me embista a mí y así gano protagonismo. En el PSOE son expertos Adriana Lastra o el ministro Bolaños y en el PP Isabel Díaz Ayuso. Entre los partidos independentistas catalanes la lista sería interminable: desde Gabriel Rufián hasta Carles Puigdemont, pasando por decenas de meritorios. El papel que les queda a las “masas no ilustradas” es aplaudir o abuchear para ser llevadas a votar en consecuencia: “Panem et circenses” como ya dijo el poeta romano Juvenal.

…pero sin el pueblo

Pero una cosa es reclamar el apoyo electoral y otra cosa es intentar conocer los deseos y necesidades de la población y obrar en consecuencia. ¿Y cómo hacerlo?

Una aproximación burda pero al alcance de cualquier político es precisamente lo que la población ha votado en las elecciones. Porque no es de recibo que se aprueben leyes con los votos parlamentarios de quienes no representan sumados ni a la mitad del electorado.

Pero si se quiere “ilustrar a las masas” la vía es poner en marcha mecanismos de control de las cuentas públicas, de transparencia de lo que las Administraciones hacen en cada nivel, de rendición de cuentas de la legión de asesores de las élites políticas, de los gastos discrecionales, etc.

Como ejemplo reciente tenemos el Proyecto de «Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado«, tramitado como suele ser ya habitual por el procedimiento de urgencia, y que una entidad tan poco dada a la exageración como es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), lo califica de “decepcionante, poco ambicioso y confuso” en un reciente informe.

El tecno-populismo, versión moderna del despotismo ilustrado

El ejemplo más reciente lo tenemos en la cruzada emprendida por Yolanda Díaz y su movimiento Sumar, un “movimiento ciudadano que busca un nuevo contrato social”. Como buen movimiento populista su proyecto “no va de partidos ni de siglas, sino de escuchar a la sociedad”.

Hasta aquí nada nuevo. Lo llamativo es la forma de escuchar a la sociedad. Aunque no ha concretado en qué consiste ese contrato social, cabe suponer que una parte fundamental del mismo se referirá a la crisis climática. Por eso la primera “sesión de escucha” consistió en una reunión de hora y media con una selección de 34 jóvenes procedentes de distintas organizaciones climáticas, medioambientales o juveniles, y durante ese rato Yolanda Díaz apuntaba con cuaderno y bolígrafo lo que estaba escuchando de la sociedad, a algo menos de tres minutos por intervención. Sólo la prensa estaba invitada como testigo de lo sucedido, fotos incluidas.

Creo que nadie espera que eso sea realmente escuchar a la sociedad y supongo que el programa medio-ambiental de Yolanda Díaz irá más allá de lo que haya podido recoger en su cuaderno y tendrá que echar mano de algún equipo de tecno-ilustrados, déspotas o no. La historia, incluso la que ya no se va a estudiar en el bachillerato, se repite.

El próximo post, tras el paréntesis veraniego, el martes 6 septiembre 2022

¿De quién es lo público?

Vistos desde España, los norteamericanos tienen muchas cosas que no nos gustan, pero desde luego nos superan al menos en una cosa: cuando hablan de el gasto público siempre plantean la misma cuestión:

¿qué están haciendo con MIS impuestos?”

En España esta pregunta no se la he oído formular a nadie. Los presupuestos públicos parece que no son cosa nuestra. Pagamos impuestos como si nos robaran dinero, cuyo destino final es algo ajeno a nosotros. La única excepción es ese 0,7 por 100 de la cuota integral de nuestra declaración de la Renta dedicado “al sostenimiento económico de la Iglesia Católica” o a “las actividades previstas en el Real Decreto-Ley 7/2013”.

¿Y no podríamos intervenir en otros capítulos más sustanciales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas? Parece que no, tal y como nos desengañaron hace tiempo que Hacienda NO éramos todos.

De ahí que por tanto lo único que nos importa es pagar pocos impuestos y no qué se hace con ellos.

En algunos ayuntamientos se han “ensayado” consultas a los vecinos sobre qué hacer con tal o cual partida del presupuesto, dedicándola a un tema u otro. Pero no nos engañemos, las partidas importantes, los grandes contratos de gestión urbana o servicios sociales se realizan a espaldas de la opinión de los vecinos, en ayuntamientos de un color político u otro.

¿Se roban (nuestros) los impuestos?

Como recuerda el magistrado Joaquim Bosch en su reciente libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, el fenómeno de la corrupción se centra no en los funcionarios públicos sino en los políticos y sus cargos de confianza y que «en España, a nivel penal, sale rentable ser un corrupto». Con este panorama parece difícil no caer en la tentación de meter mano a las arcas públicas. Habría que suponer que en una democracia como la nuestra -o como la que al menos creo que nos merecemos- existen mecanismos para neutralizar ese tipo de tentaciones. Son los famosos “pesos y contrapesos” de una democracia sana, que aportan controles a lo que hacen los gestores públicos.

Y lo que no se roba, ¿qué tal se gestiona?

El primer control sobre los gestores públicos debería venir del poder judicial. Pero si el nombramiento de los miembros de la cúpula judicial es resultado del chalaneo entre los grandes partidos, como señala Rafael Jiménez Asensio en su blog, el órgano controlador se convierte en controlado.

Entre los controles democráticos hay además otros dos de vital importancia: la transparencia y la rendición de cuentas.

A pesar de una Ley de Transparencia aprobada hace ya casi 10 años el gobierno actual, por ejemplo se ha resistido a publicar el sueldo de sus asesores nombrados a dedo, cuyo número de 740 bate el récord de cualquier otro gobierno anterior. Y -curiosidades- aunque se trata de un gobierno paritario los asesores varones duplican el número de asesoras mujeres.

La (no) rendición de cuentas

¿Qué nos ocurriría si un año nos saltamos hacer la declaración de Renta? ¿Y si no lo hacemos durante tres años? ¿Y si no lo hemos hecho en los últimos diez años? Pues o nos vamos a vivir a Abu Dabi o tendremos serios problemas con Hacienda y en general con la justicia.

No ocurre así con las Corporaciones Locales, obligadas a presentar al Tribunal de Cuantas los resultados de cada ejercicio anual: 567 ayuntamientos no han rendido ninguna de sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 como informa la Fundación Civio. Al menos diez municipios no lo han hecho desde 2012: “Es el caso de Sacedón (Guadalajara), con Francisco Pérez Torrecilla como alcalde socialista en todo este periodo o Felix (Almería), dirigido por el popular Baldomero Martínez desde 2011 hasta 2019 y cuya alcaldía recuperó hace un año mediante una moción de censura” (idem, Fundación Civio).

Lo público, un chiringuito privado

Parece que lo público se convierte en el premio exclusivo del partido que ha conseguido el triunfo en las urnas para gobernar el ayuntamiento, la Comunidad Autónoma o el conjunto del país. Por eso hay quien propone que habría que reducir lo público a su mínima expresión.

En sentido opuesto algunos sectores de opinión defienden que todo lo público es bueno y cuanto más grande mejor, sin entrar a valorar quién ni cómo lo gestiona.

Pero lo cierto es que los defensores a ultranza de lo privado frente al sector público olvidan que, por ejemplo, grandes sectores económicos como el mundo internet o el sector farmacéutico se han desarrollado sobre los cimientos creados por el esfuerzo público en investigación y desarrollo, tal y como detalla Mariana Mazzucato en su libro El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado.

Reconquistar lo público

Queda demasiado por hacer y a veces parece tarea imposible, pero rendirse no es una opción.

El próximo post dentro de dos martes, el 5 julio 2022

Ícaro, Sísifo y nosotros

Espero no quedar muy pedante al echar mano de la mitología griega para abordar algunas encrucijadas de nuestro tiempo. Es una fuente inagotable de lecciones sobre el comportamiento humano y los callejones sin salida en los que muchas veces nos metemos.

Ícaro: no volar demasiado bajo… ni demasiado alto

El inventor Dédalo y su hijo Ícaro consiguieron escapar del laberinto en el que les había encerrado el rey Minos, cuando el primero fabricó unas alas de plumas y cera. Pero aconsejó a su hijo no volar demasiado bajo para que las alas no se mojaran, ni demasiado alto porque el calor del sol derretiría la cera. Pero cuando Ícaro se vio volando con sus nuevas alas literalmente “se vino arriba”, el sol derritió sus alas y se ahogó al caer en el océano.

¿Hemos conocido recientemente a alguien que de forma similar prometió “asaltar el cielo”? Sí, también a Pablo Iglesias se le derritieron sus alas cuando se olvidó del consenso y sólo le quedó el ansia de llegar al poder, dejando esa nueva izquierda más desnortada que nunca. Como nos recuerda José Manuel Naredo en su más reciente libro publicado este mismo año (La crítica agotada) “al igual que suele cosechar derrotas el general que se apresura a entrar en combate sin haber adiestrado a sus tropas, el afán de forzar tomas de poder revolucionarias sin haber revolucionado las ideas ha llevado a recoger fracasos” (p.27).

¿Condenados como Sísifo?

Naredo comienza su libro aludiendo también a la mitología griega con el ejemplo de Sísifo, conocido por el famoso castigo que le fue impuesto: empujar cuesta arriba de una montaña una piedra que, antes de llegar a la cima, volvía a rodar ladera abajo, repitiéndose eternamente el mismo frustrante proceso. Esta sería la situación de las “fuerzas progresistas” actuales, que parece que lo único que les importa es llegar hasta arriba, sin cimentar una base sólida de ciudadanos libres y alianzas sociales. Por eso, al acercarse a la ansiada meta, su edificio se vuelve a desmoronar al estar basado en declaraciones, eslóganes y términos fetiche. En palabras de Naredo ello ocurre

Porque, para ayudarnos a convivir con nuestros males, la mente humana tiende a creer que los problemas pueden solucionarse con reuniones, conjuros institucionales u otros gestos dilatorios, sin necesidad de cambiar el contexto que los genera”


(p.118-9)

Así por ejemplo se nos llena la boca de “desarrollo sostenible” cuando ni siquiera tenemos claro qué es “desarrollo”: ¿es crecimiento? ¿es incremento de la producción? ¿es aumento del PIB?

O criticamos el neo-liberalismo, sin saber qué significa ser “liberal”, o haciendo del mismo una teoría conspiratoria que resume en una solo término todos los males de la humanidad (o sea, ninguno).

Napoleón invadió la España liberal de las Cortes de Cádiz, tratando de implantar un “liberalismo conservador”, más bien absolutista, pero predicando a la vez la Revolución Francesa de la “libertad, igualdad y fraternidad”.

Por eso corremos el peligro de la vacuidad y la verborrea estéril. Como decía El Roto (5 sep 2019): “La lucha contra el cambio climático consiste mayormente en hablar del tiempo: bla… bla… bla…”

Corrupción pública y privada

Otro eslogan hueco es la contraposición acrítica entre lo público y lo privado, como si todo lo público fuera bueno y lo privado lo contrario. Pero instalados en un capitalismo clientelar como el que describe un grupo de autores bajo el pseudónimo colectivo de Sansón Carrasco (Contra el capitalismo clientelar), un sector público grande pero manejado por políticos corruptos permite el saqueo del mismo hacia bolsillos privados, tal y como señala el magistrado Joaquim Bosch. De ahí el singular desarrollo de obra pública en España, eso sí a costes que duplican los de Alemania para idénticas operaciones.

La última tentación: “no hay nada que hacer”

El dominio de las élites político-económicas sobre el conjunto de la ciudadanía tiene un instrumento final: convencernos que, aunque veamos lo que está mal y habría que cambiar nos rindamos porque es imposible modificar la situación. Esta rendición sin haber entrado en combate está muy ligada a considerar al “neo-liberalismo”, al “capitalismo”, etc. como una conspiración universal omnipotente y sin fisuras ante la cual sólo cabe o bien la derrota o bien la victoria total y final. Y cuando aparentemente se ha producido esta última, nos encontramos con una nueva élite dominante, llámese Partido Único del Pueblo, oligarquía, nomenklatura, etc.

Si a Sísifo le hubieran enseñado que entre el pie de la montaña y la cumbre hay estadios intermedios y hubiera sabido buscar ayuda, si Ícaro hubiera seguido el consejo de su padre de volar a alturas intermedias, la situación habría cambiado. Nunca es tarde para comenzar. Para ello es necesario una reflexión más crítica con nuestras propias ideas preconcebidas y abrir un diálogo y unas alianzas en el seno de la ciudadanía.

El próximo post dentro de dos martes, el 21 junio 2022

Cambio climático (y 2): beneficiados y “paganos”

No podía dejar el post anterior sin abordar más a fondo las políticas medioambientales actuales.

​Dónde están los ecologistas

En primer lugar es importante ser conscientes que las corrientes de opinión que reclaman impulsar estas políticas se localizan en los países desarrollados, y en particular en los que pertenecen a la Unión Europea. Todavía estoy esperando ver en los telediarios alguna manifestación en Etiopía, Panamá o Sri Lanka protestando por el calentamiento global.

Ello no quiere decir que la cuestión no sea grave y exija un golpe de timón radical. Pero sí que las instituciones políticas que se sienten presionadas por la opinión pública para actuar -o al menos aparentarlo- son los gobiernos de los principales países de Europa Occidental y en primer lugar la propia Unión Europea.

Los que tenemos ya una edad recordamos la historia del DDT, eficaz contra la malaria pero a medio plazo grave contaminante del medio ambiente. Cuando se prohibió su uso sin tener una alternativa ecológica clara, muchas voces señalaron sin embargo que para las poblaciones sub-saharianas era mejor morir envenenados a diez años vista que de malaria ese mismo año.

Las prioridades y urgencias son distintas según la región mundial y este caso nos enseña que cuando se toca una sola tecla las consecuencias no previstas pueden alterar otros elementos tanto o más fundamentales para la humanidad y su hábitat.

​Política medioambiental: escribir “torcido” con renglones “derechos”

Algo parecido ocurre con buena parte de las políticas diseñadas por la Unión Europea y sus estados miembros más relevantes. A pesar de la presión creciente de la opinión pública, la mayor parte de las actuaciones se basan en apelar a la buena voluntad de los gobiernos o en medidas que actúan en una sola dirección.

Tomemos el ejemplo de la pieza clave de las políticas europeas: la huella del carbono y los derechos de emisión. En esencia y para entendernos, es la compra del derecho de contaminar la atmósfera. Funcionamiento:

  • la empresa A emite gases de efecto invernadero (GhG por sus siglas en inglés), por ejemplo dióxido de nitrógeno, metano, etc.; su huella de carbono
  • la entidad B, en el otro extremo del globo, planta bosques que captarán esos gases de la atmósfera, en cantidad equivalente a la emisión de A
  • se crea un mercado por el que B vende a A los derechos de emisión, de modo que esta última puede seguir contaminando la atmósfera, pero ahora sin sonrojarse

Como en todo mercado, los precios dependen de la oferta y de la demanda. Así por ejemplo la pandemia ha rebajado parte de la actividad industrial y por tanto los precios de los derechos de emisión han caído, de forma que se puede seguir contaminando igual, para más barato. El perverso colofón de todo esto es que la empresa que compra derechos de emisión traslada ese incremento de costes a la factura de los clientes finales, como ocurre con las centrales eléctricas de ciclo combinado, además de elevar el precio del resto de la producción de electricidad de menores costes.

La intención quizá no sea mala, pero si no se cambian las normas de mercado de las grandes empresas y suministradores mundiales de energía el resultado puede ser contraproducente, al contrario del dicho sobre Dios -que escribe derecho con renglones torcidos-.

​Agricultura y ecología

El otro gran frente de la política europea se basa en asegurar que la cadena de suministros hacia los mercados de consumo respeta el medio ambiente. Así Carrefour Bélgica se han comprometido a vetar productos sospechosos de provenir de ganado criado en el Amazonas y los humedales tropicales del Pantanal.

En idéntico sentido se ha pronunciado la cadena de supermercados alemana Aldi, que ha pedido explicaciones por el Mar Menor a sus proveedores del Campo de Cartagena.

Se trata en ambos casos de firmas comerciales con alta exposición a las presiones ecologistas. Pero, ¿qué sucede cuando el impacto medio-ambiental está más oculto a la opinión pública, por ejemplo exportando sus problemas de residuos a países fuera de la UE?

Lo sorprendente es que sigamos en Europa abordando un problema mundial con una óptica particularista y etnocentrista, lo mismo que con el Coronavirus.

​​¡Es la economía, estúpido!

En definitiva hay ganadores, entre ellos las empresas energéticas, y “paganos” como son las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas cuyos costes de transición ecológica no pueden trasladarlos a los precios de venta pues los consumidores no están dispuestos a pagar más.

Pero todo ello no es obstáculo para que un Fondo de Inversión de “Eficiencia Energética y Medioambiente” de una entidad financiera española haya visto incrementada su rentabilidad en más del 40% en lo que va de año.

​Otra forma de hacer las cosas

Se puede hacer mejor. Pero ello exige un nuevo contrato social y un nuevo liderazgo sobre la base de un amplio consenso.

El próximo post, dentro de dos martes, el 4 enero 2022

Cambio climático I.- Con el planeta caliente y los pies fríos

No dedicaré espacio para describir la situación del medio ambiente: informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas -ver El País o The New York Times– o el consenso de los científicos no dejan margen de duda.

Más alarmante es la forma como se está abordando el problema.

​“¡Hay que dar miedo!”

Hans Rosling, que dedicó su vida a desmentir con datos muchas visiones falsas de los problemas mundiales, relata en su famoso libro Factfulness la forma como Al Gore le proponía abordar el cambio climático:

“¡Tenemos que provocar miedo!” Eso es lo que me dijo Al Gore al inicio de nuestra primera conversación sobre cómo concienciar a la gente sobre el cambio climático. Era el año 2009… Sin embargo, no podía estar de acuerdo con lo que me había pedido. No me gusta el miedo… El miedo, unido a la urgencia nos hace tomar decisiones drásticas con efectos secundarios impredecibles. El cambio climático es demasiado importante… Y no me gusta la exageración. La exageración mina la credibilidad de los datos fundamentados: en este caso, los datos que demuestran que el cambio climático es real… La exageración, cuando se descubre, hace que la gente desconecte por completo. (pp.263-4)

​Negro por dentro, verde por fuera

Peor aún: corremos el peligro de pasar del miedo a la banalización. “Sostenible”, “inclusivo”, “circular”, “cuidamos el planeta”… ¿Qué anuncio hoy en día no incluye alguna de estas expresiones? El llamado ecoblanqueo o greenwashing es una forma de marketing “verde” que de manera engañosa promueve la percepción de que los productos, objetivos o políticas de una organización son respetuosos con el medio ambiente, con el solo fin de lavarse la cara y aumentar beneficios. El greenwashing está proliferando de modo vergonzosamente alarmante.

Pero también los gobiernos practican esa doble cara. Por ejemplo, entre los principales países europeos España es el mayor financiador de combustibles fósiles en el extranjero: entre 2018 y 2020 destinó 6.500 millones de euros a la industria de los combustibles fósiles y sólo 120 millones en energías limpias. Ha habido que esperar a la reciente conferencia de Glasgow para que se asumiera el compromiso de acabar con esa financiación… a finales de 2022.

​Buscando culpables

Si el miedo es la palanca que se usa para concienciar sobre el calentamiento global, la reacción inmediata es la búsqueda de culpables y su condena sumaria, siempre “los otros”.

¿Quién contamina más? Según el Global Carbon Project las emisiones de CO2 en el año 2020 están encabezadas por China (10,7 GtCO2), seguida por USA (4,7), India, (2,4), Rusia (1,6) y Japón (1,0). Pero si se mide en emisiones per cápita la escena cambia drásticamente. Ahora los culpables son Arabia Saudí (18,0), Australia (15,4), Canadá (14,2), USA (14,2) y Corea del Sur (11,7).

Todo ello referido al año 2020. Pero durante los últimos 170 años los países ricos (USA, Canadá, Japón y gran parte de Europa occidental) que representan solo el 12 por ciento de la población mundial actual, son responsables de la emisión del 50 por ciento de todos los gases de efecto invernadero.

Asistimos a la paradoja de cómo la opinión pública en los países desarrollados es la más ferviente defensora de políticas anti-calentamiento global, pero la factura y las críticas se ceban con los países pobres.

En idéntico sentido, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos algunos planes ecológicos acaban agudizando las diferencias sociales.

Estas mismas contradicciones se dan en nuestro país donde el mundo rural agrícola y ganadero es víctima o culpable dependiendo del punto de vista que se adopte. España ha sido denunciada por la Comisión europea por no proteger sus aguas de la contaminación por nitratos agrícolas. Pero a la vez el encarecimiento de la energía o los fertilizantes está hundiendo las explotaciones agrícolas.

​Políticas caóticas

Cuando se está más atento a las llamaradas de opinión pública que a buscar auténticas soluciones, las políticas llevadas a cabo en España se hunden en el caos. Como señalan dos investigadores de la Universidad Pública de Navarra:

“Por ejemplo, en relación a la energía, coexisten más de 140 normas… “En este pandemonio legal, desde que se liberó el mercado de la luz en 1997, cada cambio de gobierno ha generado un intento de resolver el problema energético modificando drásticamente el rumbo: reducción de impuestos para empresas energéticas, estímulo de renovables, eliminación de estímulo de renovables, exenciones fiscales, eliminación de exenciones fiscales…”

​Geopolítica de la transición energética

En este proceso adquieren nuevo protagonismo materias primas vinculadas al almacenamiento energético (litio, grafito, cobalto) o a las energías renovables y la economía digital (cobre, aluminio, níquel, tierras raras). Sus yacimientos en buena parte están ubicados en China o países africanos bajo su influencia.

En España los yacimientos de litio en Extremadura o de tierras raras en Ciudad Real están precisamente paralizados por su impacto medioambiental.

Seguirá en el próximo post, dentro de dos martes, el 21 diciembre 2021