Covid-19 impactando en nuestro Estado de las Autonomías

Un entierro y tres Comunidades Autónomas

23 febrero 2020: casi un centenar de personas se congregan en el cementerio de El Salvador de Vitoria-Gasteiz para velar y el día siguiente enterrar a un hombre de 40 años. Los asistentes, que coinciden con una pareja llegada de Italia, vuelven después a sus lugares de residencia: Vitoria-Gasteiz en Álava, Casalarreina y Haro en La Rioja, y posteriormente Miranda de Ebro en Burgos. El coronavirus se extiende casi a la vez por tres Comunidades Autónomas. ¿Se coordinaron entonces los tres servicios sanitarios o posteriormente los de todas las CCAA? No (ver El País, 31 marzo 2020). ¿Por qué?

Lo cierto es que existe mejor coordinación a nivel europeo con una única Tarjeta Sanitaria Europea, válida en 31 países, que en España donde la tarjeta sanitaria de una Comunidad Autónoma no es operativa en ninguna de las otras 16. Eso sin hablar de las diferentes coberturas, medios y requisitos para una atención sanitaria que presume de ser «universal». ¿Cómo es posible que el teléfono único de emergencias para toda Europa e incluso algunos países latinoamericanos sea el 112 y sin embargo tengamos un teléfono diferente para consultas sobre el coronavirus en cada una de las CCAA?

Sí, el señor Torra tenía razón

Claro que el estado de alarma invade competencias de las Comunidades Autónomas en materia de sanidad. El problema es que la ausencia de coordinación y entendimiento entre las mismas y con el gobierno central NO DEJABA OTRA ALTERNATIVA. Es que ni siquiera en esta situación se ha producido el menor esfuerzo o mostrado el menor interés de unos y otros por avanzar en una coordinación y consenso. En vez de coordinación sólo hay ordeno y mando poco eficaz del gobierno de Pedro Sánchez y por eso mismo los resultados son decepcionantes, cuando no trágicos para sanitarios, personas mayores, desempleados, autónomos, PyMEs, etc.

El ejemplo de Alemania

Alemania es el único país que según el Regional Authority Index goza de una descentralización superior a la española. Sin necesidad de estados de alarma han tomado decisiones unánimes entre el gobierno federal y los gobiernos regionales (Länder). Este «milagro«, como lo calificó la propia Angela Merkel, ha permitido poner en marcha políticas sanitarias más eficaces que en la mayoría de los países europeos. Pero no es un milagro. Es el resultado de años de coordinación en la sanidad y otros campos, de claridad en la distribución de competencias, de un Consejo Federal de los Länder que funciona y, sobre todo de sentirse un único país.

En España los gobiernos autonómicos controlan el 92,6% del gasto sanitario público, (datos 2018), que supone del 25% al 39% de los presupuestos de cada CCAA. ¿Se traduce esto en una atención sanitaria a la ciudadanía de más calidad y eficacia?

El Estado de las Autonomías: defectos y virtudes

De un gran ciclista ganador del Tour de Francia se decía, no sin cierta mala uva, que tenía todos los defectos de un gran campeón y ninguna de sus virtudes. De igual forma, nuestro Estado de las Autonomías parece tener todos los defectos de la descentralización y ninguna de sus virtudes.

El Estado de las Autonomías debería significar:

  • una mayor cercanía de la ciudadanía a la gestión de lo público,
  • una simplificación de los procedimientos de esa gestión,
  • un mayor reconocimiento a los distintos colectivos y sus rasgos propios, sean mayorías o minorías, y por todo ello
  • un enriquecimiento del conjunto de España derivado de la diversidad dentro de la lógica coordinación, respeto, solidaridad y suma de esfuerzos.

No hay espacio aquí para explorar los obstáculos que entorpecen la construcción de un Estado de las Autonomías enriquecedor. Sólo enumeraré varios problemas que trataré en futuras entregas:

  • Descentralización no equivale per se a más democracia
  • Gobiernos autónomos y locales están peor fiscalizados en su gestión por parte de la ciudadanía. De ahí que la corrupción de los políticos, no los funcionarios, haya estado mucho más extendida a esos niveles que a nivel central
  • Cargos y «asesores de confianza» en municipios, diputaciones y gobiernos autónomos se convierten en botín de los partidos políticos gobernantes, más cerca del caciquismo decimonónico que del gobierno de la ciudadanía
  • La izquierda española (si todavía tiene sentido hablar de izquierda hoy en día) ha caído de lleno en la trampa identitaria, ensalzando diferencias como rasgos excluyentes en vez de diversidades que suman
  • ¿Por qué es tan raquítico el número de «convenios» y «acuerdos de cooperación» horizontales entre CC.AA., que define el Art.145.2 de la Constitución?
  • Se ha dejado la política lingüística en manos del independentismo, que utiliza la lengua como instrumento segregador, con la pasividad cómplice de los sucesivos gobiernos centrales, como bien señala Mercè Vilarrubias (Por una Ley de Lenguas. Convivencia en el plurilingüismo).

Continuará.

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Sociología política del coronavirus

Un mismo virus, un impacto diferente

El coronavirus se ha extendido por todo el mundo y sin embargo sus efectos van a ser -están siendo- muy distintos de un país a otro. Y no me refiero sólo a las tasas de contagio y mortalidad sino también a sus efectos en cadena en otros ámbitos.

Por qué los efectos son distintos

Aunque a menor escala (por ahora) el COVID-19 es lo que Acemoglu y Robinson definen como una coyuntura crítica:

«Es un gran acontecimiento o una confluencia de factores que trastorna el equilibrio económico o político existente en la sociedad. Una coyuntura crítica es una arma de doble filo que puede provocar un giro decisivo en la trayectoria de un país. (…) El hecho de comprender cómo la historia y las coyunturas críticas perfilan el camino de las instituciones económicas y políticas nos permite tener una teoría más completa de los orígenes de las diferencias en pobreza y prosperidad.»

Por qué fracasan los países, p.127

Así pues, los efectos dependen de las instituciones económicas y políticas de cada país en el momento del impacto.

Cómo nos ha pillado en el caso español

Pues con un gobierno débil (esto ya lo sabíamos desde el día que se constituyó), una institución monárquica en shock post-traumático, una sanidad que resultó no ser la mejor del mundo, un Estado de las Autonomías tensionado al máximo, una Unión Europea más invertebrada que nunca, una dolorosa remontada de la crisis económica del 2008, un mercado de trabajo precarizado y con más de un 13% de desempleo antes de la pandemia, un aparato judicial en la UCI, unas economías familiares maltrechas y una crispación política sin precedentes.

Dadas estas circunstancias no supone una sorpresa:

  • que el gobierno esté ejerciendo un liderazgo en ocasiones errático y contradictorio, con preocupantes ramalazos autoritarios;
  • que la única forma de que todas las Comunidades Autónomas actuaran en la misma (relativa) dirección haya sido decretando el Estado de Emergencia; (de esto hablaré más otro día)
  • que el seguimiento epidemiológico de la pandemia siga careciendo de datos fiables;
  • que el impacto en el sistema sanitario, en la tasa de contagios entre su personal y el número de fallecimientos en las residencias de ancianos haya sido devastador;
  • que nuestras preocupaciones empiecen a bascular del miedo a la pandemia al miedo a una nueva crisis económica.

Es como el boxeador que tras recibir un primer gancho que le ha dejado de rodillas sobre la lona recibiera ahora un segundo puñetazo.

Inseguridad, «depender de…» y los nuevos pobres

Este segundo puñetazo crearía un dramático impacto en la economía de los hogares. No se trata sólo de situaciones de deprivación sino también, y algunas veces sobre todo, la inseguridad y el no poder contar con medios propios: autónomos y pequeños empresarios abocados al cierre, asalariados en precario o amenazados de ERTEs, EREs o simplemente despidos.

Para muchos sectores tradicionales de trabajadores y clases medias empobrecidas no valen Rentas Básicas Universales o Ingresos Mínimos Vitales. Sienten que se les ha arrebatado la dignidad que provenía del esfuerzo que venían realizando estos últimos años y que merecía un reconocimiento social mejor. Son los llamados nuevos pobres creados por la crisis de 2008 y que pueden recibir un severo agravamiento en profundidad y extensión en la crisis que viene. Si además sienten que otros «más pobres» son los que reciben las ayudas, subvenciones y apoyos encontramos a los que la socióloga norteamericana Arlie Hochschild describía en su libro Extraños en su propia tierra: los «dejados atrás» que van alimentando una respuesta emocional no exenta de amargura. En Estados Unidos son los principales apoyos del Tea Party y del voto a Donald Trump.

¿Qué hacer?

A Napoleón Bonaparte se le atribuye la frase:

“Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”

Georges Clemenceau, primer ministro durante la Tercera República francesa, abundaba en lo mismo:

«Si quiere usted enterrar un problema, nombre una comisión»

En España esa comisión suele ser parlamentaria, ¿como la que se pretende para los «segundos Pactos de la Moncloa»?

Pero si el «responsable» que dice Napoleón es algún tipo de caudillo, que no cuenten conmigo.

¿Qué hacemos entonces? Necesitamos que desde la propia sociedad construyamos una coalición de sectores sociales que sume esfuerzos e intereses. No habrá pacto nacional sin una presión social que obligue a la mayor parte de nuestros representantes a buscar de verdad un consenso. Busquemos entre todos (jubilados, trabajadores, autónomos, pequeños y medianos empresarios y también grandes empresas si son ciertas sus declaraciones de estas semanas). Creemos asociaciones, estados de opinión, conversaciones, propuestas a discutir y negociar y facilitemos el pacto de la aludida comisión parlamentaria.

La tarea no es sencilla pero creo que no hay otro camino.

El próximo post dentro de dos martes, el 26 mayo 2020