Recientemente asistí a un acto que denunciaba la criminal actuación de las entidades públicas y privadas en las residencias de mayores durante la fase más aguda del coronavirus, en particular en la Comunidad de Madrid. Miles de residentes murieron dejados a su suerte, aislados, sin la menor atención médica y separados de sus seres queridos. (Todo el acto puede visionarse aquí)

Los distintos ponentes del acto detallaron los protocolos de (des)atención a los mayores, las trabas a las familias para intervenir en la situación, la discriminación a los mayores para su hospitalización y, sobre todo, la ocultación de procedimientos, las actuaciones erráticas y las triquiñuelas para eludir responsabilidades.

Qué se ha hecho desde entonces

Los familiares de las víctimas han presentado innumerables demandas ante los tribunales ordinarios, que han chocado con la ley del silencio en las instancias públicas y privadas y la argumentación de que se trataba de “circunstancias excepcionales” que exculpaban a unos y otros. Pero en ningún caso los tribunales han querido entrar al fondo del asunto y analizar cómo la maraña público-privada de gestión de las residencias y su [falta de] atención sanitaria provocaron semejante mortandad. La comparación de los datos entre Comunidades Autónomas y maneras de abordar el problema muestran que en la Comunidad de Madrid se podría haber evitado gran parte de ese sufrimiento si la actuación hubiera sido otra. Pero se prefirió dar la espalda a la cuestión.

¿Resignados a denunciar… y a la impotencia?

Actos como el que comento tienen un valor indudable para recordar lo que pasó y cómo siguen sin ponerse los medios para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Pero yo saqué la impresión de que los que intervinieron pensaban que era todo lo que se podía hacer. Como dijo uno de los ponentes “una vez que [la cuestión] está en los tribunales poco más se puede hacer” (7’50”).

Reconozco que me sorprendió este último comentario, cuando en España la confianza en la Justicia recibe una nota de 4,78 -en una escala de uno a diez- según una encuesta del CIS de octubre pasado (P.4). Si la escala hubiera sido de 0 a 10 las valoraciones hubieran sido aún peores. El triste “consuelo” es que otras instituciones obtienen notas más bajas: Parlamento español 4,28; medios de comunicación 4,24; Gobierno de España 4,04; partidos políticos 3,70; sindicatos 3,66.

Superar el “no se puede hacer nada”

Cuando se denuncia una actuación equivocada o criminal de los poderes públicos, el obstáculo principal no es que se nos rebata la acusación sino que se siembra el desánimo y la sensación de que es imposible actuar: “Sí tenéis razón, pero no se puede hacer nada que sirva para cambiar las cosas”. En idéntico sentido, suele achacarse amargamente a otros sectores de la sociedad la falta de apoyo. Así en otra de las intervenciones del acto aludido se incluían expresiones como, “la sociedad miró para otro lado” (2’58”) “porque a nadie le importa” (4’05”) “se le puede echar en cara a la sociedad que está aguantando y aprobando esto” (6’38”).

¿Se convierte el malestar en voto?

A las puertas de las próximas rondas electorales parecería lógico esperar que el malestar social se transformara en una orientación del voto que hiciera cambiar las cosas, o al menos al partido político que coloniza en cada caso los gobiernos.

Hay dos razones por las cuales esto no va a ser así. La primera es que los movimientos de protesta de los últimos años se han desarrollado siendo incapaces de crear alianzas más amplias con otros sectores sociales. No se trata de pedir la solidaridad de los demás sino encontrar las bases comunes entre unos y otros. Pero la realidad es que nuestras sociedades están cada vez más polarizadas y enfrentadas, con una errónea estrategia de los grupos “progresistas” de basar su actuación en el juego de las identidades: de género, de nacionalidad, de lengua materna, de orientación sexual, de edad, etc.

La segunda razón tiene que ver con el sistema político-electoral. La capacidad de los electores para supervisar a los gobiernos respectivos y pedirles cuentas de su actuación se va deteriorando a lo largo de los últimos años. La ciudadanía no tiene forma de influir en lo que hacen los gobiernos si se mantiene el sistema electoral partitocrático (el “ganador” se lo lleva todo y coloca en puestos de la Administración Pública a la camarilla de fieles al líder) y los mecanismos de supervisión y fiscalización sufren una erosión continuada.

El camino para el cambio auténtico

No es una cuestión de a quién votar sino da cambiar las reglas de juego. Por desgracia ningún partido político de la España actual va más allá de ser una simple maquinaria electoral.

Pero sólo construyendo contratos sociales entre distintos segmentos sociales, trascendiendo las miopías identitarias, podremos comenzar sobre bases sólidas.

El próximo post dentro de dos martes, el 21 marzo 2023