Mes: marzo 2024

Viviendo… sin viviendas

José Ignacio Casas1 comentario

A tenor del chaparrón de promesas electorales que nos cayó durante las campañas del año pasado, a esta alturas deberían estar brotando como champiñones nuevos edificios de viviendas por todos los rincones de nuestra geografía. Incluso el gobierno actual ha vuelto a resucitar un Ministerio de Vivienda, que dirige la siempre sonriente Isabel Rodríguez. Tal Ministerio nació con Franco en 1957, desapareció en 1977, fue restablecido por Zapatero en 2004 y volvió a desaparecer en 2010 para reaparecer ahora una vez más.

Hace unos meses ya comenté la desastrosa situación de la vivienda en la España actual y el tremendo impacto negativo de la reciente Ley de vivienda, en particular entre los jóvenes y la población más vulnerable, con efectos que van desde las ínfimas tasas de natalidad al aumento de los niveles de pobreza.

Las viviendas de protección oficial (VPO) o vivienda protegida siguen brillando por su ausencia. Aparentemente existen diversos planes que pondrían en el mercado de alquiler 183.000 nuevas viviendas “en los próximos años”. Pero por ahora el mercado de alquileres presenta una oferta cada vez más restrictiva y selectiva. No hay más que echar una ojeada a las páginas webs del mercado inmobiliario para constatar, por ejemplo, que en algunas ciudades costeras muchos alquileres se ofrecen de septiembre a junio, para reservar julio y agosto al alquiler vacacional. En otras ciudades esta deriva se extiende por todo el año.

Pero volver a hablar otra vez sobre esta cuestión se debe a la aparición de factores nuevos, que no mejoran precisamente el panorama.

¿Hay nuevos fondos para la construcción de vivienda nueva?

Mucho me temo que no. El primer efecto de la renuncia del Presidente de Gobierno a presentar nuevos Presupuestos para 2024 es que una gran parte de las promesas electorales se las llevará el viento… una vez más. Y a nivel de las Comunidades Autónomas el panorama no es mejor. Ya sabemos que tras la crisis del Covid, la Unión Europea está marcando la senda para volver a la disciplina fiscal, es decir a controlar el gasto.

Pero la carencia de vivienda asequible es un problema que no espera, y el sufrimiento poco a poco va creciendo de forma inexorable.

El parque de viviendas y el medio ambiente

El segundo factor se refiere a que hace una semana el Parlamento Europeo respaldó la ley, ya acordada con el Consejo Europeo, para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción. ¿Qué significa? Entre otras cosas que a partir del año 2030 no se podrá alquilar ni vender ninguna vivienda cuya calificación de eficiencia energética sea inferior al nivel fijado como E. Ese nivel mínimo subiría a D tres años después. Según las estimaciones realizadas el 83% de las viviendas actuales quedarían excluidas del mercado de compra-venta o alquiler ya en el año 2030. Es decir las posibilidades de acceso a una vivienda por parte de la población quedarían frenadas en seco.

¿Se puede hacer algo?

Sí. Significa que hay que realizar unas inversiones tanto en los edificios colectivos como en las viviendas individuales. Algunas estimaciones cifran en unos 2.500 euros el desembolso para que una vivienda plurifamiliar de 90 m² pueda pasar del nivel E al nivel D. Seguir subiendo niveles en esta escala se hace progresivamente más caro. En la mayoría de estos casos las inversiones deben ser a nivel del conjunto del edificio, y asegurando que la mejora energética no es a costa de la seguridad del bloque, tal y como se debatió con ocasión del reciente incendio en Valencia.

Efectos colaterales

Por desgracia es de prever que esa remodelación del parque nacional de viviendas no se lleve a cabo más que en un porcentaje reducido o a lo largo de muchos más años de los que las instituciones europeas pudieran desear.

El segundo efecto será la devaluación generalizada de la riqueza en manos de particulares, habida cuenta que para la mayoría de la población su única o principal riqueza es la vivienda en propiedad. Una vivienda que no se puede vender o alquilar o que requiere una inversión previa importante reduce su valor, como será el caso mayoritario entre la población de más edad.

Problemas colectivos sin soluciones

Estamos ante otro caso más cuyos efectos sociales, y eventualmente políticos, pueden ser devastadores. En efecto, infinidad de pequeños propietarios pueden sentir que su problema no forma parte de la “gran política” de la que se nutre el intercambio de insultos en sede parlamentaria, los titulares de los medios de comunicación o las tertulias de los platós de televisión. Si además se sienten los “paganos” de las políticas medio-ambientales decididas lejos de su propio entorno, como en el caso reciente de los agricultores, no nos extrañemos si giran hacia el tramposo populismo de extrema derecha.

El próximo post dentro de dos martes, el 2 abril 2024

La burocracia defensiva del Ayuntamiento

José Ignacio Casas1 comentario

Tengo unos amigos que viven en un barrio céntrico de Madrid, habitualmente tranquilo y ordenado, que podríamos calificar “de clase media”. La vida en el mismo es vida “de barrio”, sin sobresaltos ni inseguridad ciudadana. Pero…

En los bajos de su bloque de viviendas está instalado un local discoteca – sala de conciertos – alquiler para festejos, etc. que se ha convertido en un quebradero de cabeza. En las noches que se celebra algún tipo de concierto o festejo -cada vez más frecuentes- el ruido de fondo retumba en todo el edificio, en particular en los pisos más bajos, hasta altas horas de la madrugada. La calle se convierte en lugar de botellón, de broncas, de suciedad e incluso de cuarto de baño improvisado. La variedad de eventos es continua: desde fiestas de desparejados hasta el “espacio cubano en Madrid”. Pero todos tienen un denominador común: el molesto sonido y el desmadre a las puertas.

El caso más sonado ocurrió en la noche de Halloween de hace un par de años cuando la policía desalojó a 73 menores de edad que consumían alcohol en este local. Los jóvenes habían pagado 15 euros por dos copas y declararon que tenían la garantía de poder acceder a la sala pese a ser menores de edad, ya que no se les pedía el carné en la entrada. La noche anterior los agentes ya habían encontrado en ese mismo establecimiento a cerca de medio centenar de menores consumiendo alcohol en el recinto. Los agentes anunciaron que revisarían toda la normativa y licencias de este establecimiento, por lo que «esta reiteración tendrá consecuencias». Los vecinos hasta el momento no han visto las consecuencias.

Entonces, ¿qué hacer?

“Pues presenten una denuncia”

Esta es la respuesta que reciben cuando se quejan a alguna patrulla de la policía que pueda pasar cerca de la zona. Pues bien, llevan ya más de cuatro años presentando una denuncia detrás de otra, sin descanso… y sin resultado alguno.

Son espectadores indignados de lo que ocurre en la calle noche tras noche, e incluso están tentados de filmar lo que ocurre para presentarlo como evidencia a la policía. Pero es algo de lo que se abstienen por temor a pasar de ser denunciadores a ser denunciados.

El via crucis de la protesta

Lo primero que tienen que hacer los vecinos es solicitar la medición de los decibelios emitidos por el local. Si tienen la suerte que los técnicos de las mediciones -por otra parte personas con una correcta actuación- aparezcan no a las once de la mañana del día siguiente sino en plena actuación, los encargados del local -puntualmente avisados por sus “vigías” en la zona- no tienen más que reducir el volumen durante un ratito. Y así con otro tipo de aspectos.

Kafka en el Ayuntamiento

Aun así habría habido un número de casos suficiente para que se pusiera en marcha algún tipo de expediente sancionador. Los vecinos se quejan que tienen que ser ellos mismos los que soliciten el informe del servicio técnico y con ello elaborar la correspondiente denuncia. ¿Ante quién? Depende del supuesto objeto. Puede ser por presencia de menores, por botellón en la calle, por reyertas, por suciedad, por falta de control del aforo o de permisos de uno u otro tipo, por exceso de ruido, etc.

Y en cada caso hay que acudir a una ventanilla del ayuntamiento diferente. ¿Se conoce de alguna acción coordinada por parte de los distintos organismos municipales? NO.

Y cuando se ha tramitado alguna sanción, los cambios de titularidad del local o de la entidad que lo gestiona obligan a comenzar otra vez desde el principio, porque ya estamos en otro escenario.

Burocracia defensiva

No se trata de un fenómeno aislado. En un artículo reciente de la revista del Instituto Nacional de la Administración Pública, dependiente del Ministerio para la transformación digital y de la función pública se muestra la existencia de diferentes procedimientos defensivos en la Administración española que constituye un auténtico atrincheramiento frente a la ciudadanía y que se refuerza a base de digitalización.

«Los empleados públicos están empezando a mostrar algunos signos de no querer ejercer sus potestades, no querer ejercer sus poderes por miedo a las consecuencias que pueden derivarse personalmente para ellos«, explica Antonio Bueno Armijo, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba en una entrevista a la COPE la semana pasada.

Siempre se ha tenido la vana ilusión de creer que las instituciones municipales eran más cercanas a la ciudadanía en comparación con las autonómicas o estatales, como una especie de “democracia de proximidad”. Craso error. Esas entidades tan “cercanas” suelen ser las más opacas, las que registran los casos de corrupción más extendidos, a pesar de mover unos presupuestos ingentes, y tener unos procedimientos internos menos fiscalizados desde el exterior.

El próximo post dentro de dos martes, el 19 marzo 2024