Tengo unos amigos que viven en un barrio céntrico de Madrid, habitualmente tranquilo y ordenado, que podríamos calificar “de clase media”. La vida en el mismo es vida “de barrio”, sin sobresaltos ni inseguridad ciudadana. Pero…

En los bajos de su bloque de viviendas está instalado un local discoteca – sala de conciertos – alquiler para festejos, etc. que se ha convertido en un quebradero de cabeza. En las noches que se celebra algún tipo de concierto o festejo -cada vez más frecuentes- el ruido de fondo retumba en todo el edificio, en particular en los pisos más bajos, hasta altas horas de la madrugada. La calle se convierte en lugar de botellón, de broncas, de suciedad e incluso de cuarto de baño improvisado. La variedad de eventos es continua: desde fiestas de desparejados hasta el “espacio cubano en Madrid”. Pero todos tienen un denominador común: el molesto sonido y el desmadre a las puertas.

El caso más sonado ocurrió en la noche de Halloween de hace un par de años cuando la policía desalojó a 73 menores de edad que consumían alcohol en este local. Los jóvenes habían pagado 15 euros por dos copas y declararon que tenían la garantía de poder acceder a la sala pese a ser menores de edad, ya que no se les pedía el carné en la entrada. La noche anterior los agentes ya habían encontrado en ese mismo establecimiento a cerca de medio centenar de menores consumiendo alcohol en el recinto. Los agentes anunciaron que revisarían toda la normativa y licencias de este establecimiento, por lo que «esta reiteración tendrá consecuencias». Los vecinos hasta el momento no han visto las consecuencias.

Entonces, ¿qué hacer?

“Pues presenten una denuncia”

Esta es la respuesta que reciben cuando se quejan a alguna patrulla de la policía que pueda pasar cerca de la zona. Pues bien, llevan ya más de cuatro años presentando una denuncia detrás de otra, sin descanso… y sin resultado alguno.

Son espectadores indignados de lo que ocurre en la calle noche tras noche, e incluso están tentados de filmar lo que ocurre para presentarlo como evidencia a la policía. Pero es algo de lo que se abstienen por temor a pasar de ser denunciadores a ser denunciados.

El via crucis de la protesta

Lo primero que tienen que hacer los vecinos es solicitar la medición de los decibelios emitidos por el local. Si tienen la suerte que los técnicos de las mediciones -por otra parte personas con una correcta actuación- aparezcan no a las once de la mañana del día siguiente sino en plena actuación, los encargados del local -puntualmente avisados por sus “vigías” en la zona- no tienen más que reducir el volumen durante un ratito. Y así con otro tipo de aspectos.

Kafka en el Ayuntamiento

Aun así habría habido un número de casos suficiente para que se pusiera en marcha algún tipo de expediente sancionador. Los vecinos se quejan que tienen que ser ellos mismos los que soliciten el informe del servicio técnico y con ello elaborar la correspondiente denuncia. ¿Ante quién? Depende del supuesto objeto. Puede ser por presencia de menores, por botellón en la calle, por reyertas, por suciedad, por falta de control del aforo o de permisos de uno u otro tipo, por exceso de ruido, etc.

Y en cada caso hay que acudir a una ventanilla del ayuntamiento diferente. ¿Se conoce de alguna acción coordinada por parte de los distintos organismos municipales? NO.

Y cuando se ha tramitado alguna sanción, los cambios de titularidad del local o de la entidad que lo gestiona obligan a comenzar otra vez desde el principio, porque ya estamos en otro escenario.

Burocracia defensiva

No se trata de un fenómeno aislado. En un artículo reciente de la revista del Instituto Nacional de la Administración Pública, dependiente del Ministerio para la transformación digital y de la función pública se muestra la existencia de diferentes procedimientos defensivos en la Administración española que constituye un auténtico atrincheramiento frente a la ciudadanía y que se refuerza a base de digitalización.

«Los empleados públicos están empezando a mostrar algunos signos de no querer ejercer sus potestades, no querer ejercer sus poderes por miedo a las consecuencias que pueden derivarse personalmente para ellos«, explica Antonio Bueno Armijo, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba en una entrevista a la COPE la semana pasada.

Siempre se ha tenido la vana ilusión de creer que las instituciones municipales eran más cercanas a la ciudadanía en comparación con las autonómicas o estatales, como una especie de “democracia de proximidad”. Craso error. Esas entidades tan “cercanas” suelen ser las más opacas, las que registran los casos de corrupción más extendidos, a pesar de mover unos presupuestos ingentes, y tener unos procedimientos internos menos fiscalizados desde el exterior.

El próximo post dentro de dos martes, el 19 marzo 2024