“Si no se adoptan medidas, de aquí a 2040 tendremos ciudades colapsadas, jóvenes dependientes de sus padres y un patrimonio inmobiliario inservible”

Esto escribía hace un par de semanas el periódico Cinco Días.

La nueva Ley de vivienda

¿Cómo es posible leer esas cosas medio año después de haberse aprobado a bombo y platillo la nueva Ley por el derecho a la vivienda? El objetivo principal declarado de esta Ley era limitar el aumento del precio de los alquileres. Pero para que esta ley no se convierta en un panfleto más publicado en el BOE, parece necesario analizar hasta dónde puede llegar su eficacia. Y nada mejor que examinar los resultados de un precedente: la Ley aprobada en Cataluña en septiembre de 2020. Aunque el Tribunal Constitucional anuló posteriormente la parte relativa que limitaba el precio de los alquileres, el año y medio que estuvo vigente es un buen banco de pruebas. Al contrario de un informe oficial que dibujaba un balance optimista, el Centro de Políticas Económicas EsadeEcPol mostraba una versión diferente: solo redujo el precio del alquiler en las viviendas más caras, y de hecho produjo una subida de las más baratas. Otros expertos también alertaron que se había producido una reducción de la oferta de viviendas de alquiler.

La realidad del mercado

Por desgracia, el efecto inmediato de la Ley aprobada este año ha sido una caída de la oferta y un aumento de la demanda de alquiler. Las estimaciones hablan de un descenso del 30% de la oferta desde que entró en vigor la misma. Los caseros se orientan hacia los alquileres temporales o los turísticos, que evitan el control de la subida de alquileres y, sobre todo huyen de la inseguridad jurídica derivada de la eventual declaración del inquilino como “vulnerable”: en estos casos la posibilidad de cobrar el alquiler o de desahuciar al inquilino se evapora.

No nos debería pillar de sorpresa esta situación, porque ya venía produciéndose desde la aprobación por parte del gobierno de coalición del Real Decreto-Ley de marzo de 2019.

Pero hay más: el control en la revisión del precio de los alquileres se ha esfumado, ya que se requiere que las Administraciones Autonómicas hayan definido previamente cuáles son las “áreas tensionadas”, susceptibles de ser sometidas a tal control. Los resultados de las elecciones autonómicas han convertido en papel mojado tal medida, al ganar el Partido Popular -contrario a su aplicación- en la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Los perjudicados

En esta situación los primeros perjudicados son los pequeños propietarios, muchas veces de edades avanzadas, que tratan de poner en alquiler una vivienda -las más de las veces su única “riqueza”- para así completar unas magras pensiones. Su indefensión se ha disparado y su capacidad de maniobra se reduce a la mínima expresión.

Pero los que están sufriendo en toda su extensión este drama son las personas jóvenes. Y si se trata de parejas jóvenes con hijos el veto del acceso al alquiler está garantizado.

Los requisitos para aspirar a convertirse en inquilino se multiplican: contrato laboral estable o indefinido (presentando las nóminas recientes y a veces los resguardos de ingresos en el banco); aval de algún familiar; seguros; etc. Para la mayoría de los jóvenes con contratos precarios o que en diversos períodos han estado en el paro alquilar una vivienda es literalmente imposible. Desde luego, ni pensar en hablar de compra.

Impacto directo en la natalidad

Según eurostat en 2022 los jóvenes españoles salían del hogar paterno con más de treinta años de edad, cuatro más que la media europea. La razón es la precariedad en el empleo, pero en especial la falta de vivienda asequible.

Un retraso en constituir una nueva unidad familiar, que requiere una vivienda, se traduce en un retraso en el nacimiento de los hijos y el consiguiente descenso de la natalidad. Las últimas cifras del INE registran esta crisis. Similar efecto produce al aumento de la inseguridad residencial: más de la mitad de los hogares encabezados por menores de 45 años teme perder su vivienda a corto plazo.

A ello hay que añadir el porcentaje insoportable de viviendas en condiciones deficientes, que sitúan a España a la cola europea, como denuncia Save the Children.

Construir, construir…

La única solución pasa por la construcción de vivienda pública protegida. Pero es en este aspecto donde el mercado español ha evolucionado justamente en sentido contrario durante los últimos decenios.

El nuevo gobierno de coalición (re)estrena un Ministerio de Vivienda. ¿Se pondrá a la tarea urgente de construir nueva vivienda? Para empezar tendrá dos factores en contra: la previsible contracción del gasto el año próximo debido a la vuelta a la disciplina fiscal de la Unión Europea y la escasez de mano de obra cualificada, que ha ido desapareciendo sin renovación generacional desde la crisis de 2008.

El próximo post dentro de dos martes, el 12 diciembre 2023