Sé que abordar la cuestión de la discriminación en la sociedad española es meterse en un jardín repleto de zarzas y trampas, pero ello no es razón para pasar de puntillas. Y si además se añade al análisis el cómo se está aplicando la llamada “Acción Positiva”, la refriega está garantizada. Pero esto tampoco es razón para mirar hacia otro lado.
La cuestión viene a cuento porque el escritor y periodista Manuel Guisande ha abierto una petición en change.org para que haya un porcentaje obligatorio de sénior en empresas e instituciones, argumentando que “lo mismo que la Ley de Igualdad establece un porcentaje de presencia femenina en empresas e instituciones, los seniors reclamamos igualdad de trato”.
¿Tiene sentido esta petición?
¿Cabe aplicarla sólo por razón de género, o también por razón de edad? ¿Y si se tiene en cuenta el artículo 14 de la Constitución Española que proclama que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”?
La legislación española sólo ha establecido medidas contra la discriminación estableciendo cuotas por género en la listas electorales y en los consejos de administración de las empresas privadas de más de 50 trabajadores. Se trata de obligar a una mayor presencia de mujeres en las esferas de poder, aunque se dejan fuera áreas cruciales como por ejemplo el núcleo duro del Presidente del Gobierno: 14 hombres frente a 4 mujeres.
Comenzando por el principio: de la diversidad a la igualdad
El economista indio de etnia bengalí y Premio Nobel Amartya Sen nos recuerda que “los humanos somos profundamente diversos. Cada uno de nosotros es distinto de los demás”. Pero además existe un amplio abanico de criterios bajo los cuales se puede juzgar la igualdad: los ingresos, la riqueza, la felicidad, la libertad, o las oportunidades, derechos o necesidad de realizarse. ¿De qué igualdad estamos hablando? Dada la diversidad real de los seres humanos “si se pide la igualdad en términos de una variable, resulta imposible, de hecho y no sólo teóricamente, el buscar la igualdad en términos de otra”.
Igualdad económica
Parecería que conseguir la igualdad económica de todas las personas sería un objetivo política y moralmente deseable. Creo que esta postura no resiste la crítica más elemental: ¿es que alguna ministra está a favor que el último conserje de su Ministerio cobre lo mismo que ella?
Hablaríamos entonces de combatir las desigualdades económicas. Ello no tiene sentido en sí mismo. La libertad lleva aparejada sin duda una deriva hacia las desigualdades en los ingresos y la riqueza. Por eso el filósofo Harry Frankfurt indica que “desde el punto de vista de la moralidad no es importante que todo el mundo tenga lo mismo. Lo moralmente relevante es que cada cual tenga lo suficiente”. Pero es que además una supuesta política de igualdad de ingresos o de riqueza sería notoriamente injusta si las necesidades (de cuidados de salud, transporte, vivienda, etc.) son distintas para las diversas personas.
Para otro post dejaré al cuestión de la meritocracia y su tiranía, de la que habla el filósofo de la política Michael Sandel.
Lo que sí debería ser un imperativo moral y político es la lucha contra la desigualdad derivada de la explotación de una personas por otras (o por sistemas institucionalizados) y su perpetuación, y el poder que esa desigualdad puede otorgar en otras esferas sociales, ideológicas o de poder político.
Combatir la discriminación
La lucha contra la discriminación y el odio hacia las minorías en la Unión Europea sigue sin producir resultados tangibles tras 17 años de acciones, según el segundo estudio publicado a finales de 2017. Se trata de problemas estructurales que las sociedades actuales siguen sin poder solventar.
Un tipo de medidas se centra en el apoyo “suplementario” a las minorías -o no tan minorías- desfavorecidas, pero que no logra compensar las desigualdades de base, como por ejemplo la carga de las tareas domésticas y de cuidado de personas (ascendientes o descendientes). Han mostrado una débil eficacia.
El enfoque tradicional de ex/inclusión basado en grupos se ocupa principalmente de la identificación y el apoyo de los grupos excluidos vulnerables. Como señala un documento de la UNESCO sobre desventajas acumuladas “el estatus de excluido a menudo trasciende la afiliación a un solo grupo y se encuentra en la intersección de múltiples identidades. Ser mujer, como factor, puede no poner automáticamente a alguien en un alto riesgo de exclusión del mercado laboral. Pero ser una mujer gitana de una comunidad rural desatendida en Europa central y oriental aumenta el riesgo de forma espectacular”.
Insistir en políticas unidimensionales (basadas en el género, la edad, etc.) puede ser no sólo estéril sino también contraproducente, o incluso crear nuevas desigualdades dentro de esos mismos grupo de población.
El próximo post dentro de dos martes, el 11 julio 2023
Remontar Construyendo 