En las sociedades capitalistas se entiende como Estado del bienestar un modelo general según el cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país.

Las desigualdades que el sistema capitalista genera de forma continua podrían corregirse, al menos en parte, si hubiera cauces al alcance de toda la población para acceder por sí misma a una formación suficiente, una actividad laboral digna y una protección social que rescate de la vulnerabilidad, la pobreza y el desamparo en cualquier momento de la vida. Pero la lógica de la acumulación capitalista y el desigual reparto del acceso a la riqueza impiden per se que una gran mayoría de la población no tenga ni siquiera lo suficiente para llevar una vida digna. Según el filósofo Harry Frankfurt “desde el punto de vista de la moralidad no es importante que todo el mundo tenga lo mismo. Lo moralmente relevante es que cada cual tenga lo suficiente”.

¿Qué pasa cuando mucha gente no tiene lo suficiente y el funcionamiento del sistema no corrige esa situación sino que tiende incluso a perpetuarla?

En un estudio publicado por la Fundación la Caixa -primer accionista del banco mayor de España- los académicos Luis Ayala y Olga Cantó señalan que “uno de los problemas sociales y económicos más importantes de España es el alto nivel de desigualdad en la distribución de ingresos, sensiblemente mayor que en la mayoría de los países europeos. Una de las razones principales de esta realidad es la menor capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones sociales”. (En el estudio se tiene el “detalle” de advertir que “La Fundación ‘la Caixa’ no se identifica necesariamente con la opinión de los autores de esta publicación”).

En este caso el Estado del bienestar debería poner en marcha mecanismos para evitar o al menos paliar este estado de cosas. Existen dos formas de actuar. La primera consiste en actuar sobre los mercados, las reglas de la competencia, el control de los abusos, el acceso a la formación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la sanidad, al retiro suficiente, etc. por medio de acciones legislativas o de intervención directa sobre la actividad económica y su impacto sobre la población. Se trata de incidir en los mecanismos que generan desigualdad.

La segunda forma es paliando los casos concretos con ayudas directas de índole económico a quienes se encuentran en situación de pobreza, vulnerabilidad, etc. Se pretende incidir no en las causas sino en las consecuencias. Nos alejamos así del consejo de Confucio: “dale un pez al hombre y comerá un día, enséñale a pescar y podrá comer toda la vida”.

A quién se ayuda en España

Esa segunda forma “paliativa” es la que se utiliza en España desde hace décadas, sin que los gobiernos -cualquiera que sea su color político- la hayan modificado.

No es difícil detectar situaciones de necesidad. El último informe de Unicef sitúa a España como el país de la UE con mayor tasa de pobreza infantil, hecho que no ha variado desde hace bastantes años. Como se suele decir, “no sólo es un crimen, es además un error”: según la OCDE, la falta de inversión en la infancia resta, en promedio, a los países desarrollados un 1,6% de PIB anual. En el caso de España, un 2,6%.

La forma más cómoda de ayuda que ponen en marcha las Administraciones españolas es la reducción de impuestos. ¿A quién ayuda esta forma? Como mostraba el periódico Cinco Días las rentas altas ahorran el triple que las bajas con la reducción del IVA a frutas y verduras. Y esto es sólo un ejemplo.

¿Llega la ayuda?

La proliferación de programas de ayuda de muy diverso tipo, anunciados a bombo y platillo, se quedan en el mejor de los casos a mitad de camino. Otra vez el periódico Cinco Días pone el dedo en la llaga: “El plan de rescate para hipotecados en apuros apenas suma 12.000 peticiones en sus primeros seis meses”. Pero la ministra Calviño había proclamado que se beneficiaría a un millón de hogares…

En otro reciente informe de la Fundación Civio se recoge: “La ejecución presupuestaria, lo que al final se acaba repartiendo, muestra que prestaciones como el IMV, el bono social, el bono cultural o el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos se quedan, en el mejor de los casos, a medias”.

¿Cómo es posible?

Hay dos factores que hunden el impacto de los programas de ayudas. En primer lugar parece que la preocupación está en el postureo del titular periodístico y no en la ejecución real de las ayudas. La carga burocrática que se echa sobre los posibles beneficiarios hace el resto, de lo que también se han quejado recientemente los agricultores. Y si no hay transparencia…

El próximo post dentro de dos martes, el 5 marzo 2024