A tenor del chaparrón de promesas electorales que nos cayó durante las campañas del año pasado, a esta alturas deberían estar brotando como champiñones nuevos edificios de viviendas por todos los rincones de nuestra geografía. Incluso el gobierno actual ha vuelto a resucitar un Ministerio de Vivienda, que dirige la siempre sonriente Isabel Rodríguez. Tal Ministerio nació con Franco en 1957, desapareció en 1977, fue restablecido por Zapatero en 2004 y volvió a desaparecer en 2010 para reaparecer ahora una vez más.

Hace unos meses ya comenté la desastrosa situación de la vivienda en la España actual y el tremendo impacto negativo de la reciente Ley de vivienda, en particular entre los jóvenes y la población más vulnerable, con efectos que van desde las ínfimas tasas de natalidad al aumento de los niveles de pobreza.

Las viviendas de protección oficial (VPO) o vivienda protegida siguen brillando por su ausencia. Aparentemente existen diversos planes que pondrían en el mercado de alquiler 183.000 nuevas viviendas “en los próximos años”. Pero por ahora el mercado de alquileres presenta una oferta cada vez más restrictiva y selectiva. No hay más que echar una ojeada a las páginas webs del mercado inmobiliario para constatar, por ejemplo, que en algunas ciudades costeras muchos alquileres se ofrecen de septiembre a junio, para reservar julio y agosto al alquiler vacacional. En otras ciudades esta deriva se extiende por todo el año.

Pero volver a hablar otra vez sobre esta cuestión se debe a la aparición de factores nuevos, que no mejoran precisamente el panorama.

¿Hay nuevos fondos para la construcción de vivienda nueva?

Mucho me temo que no. El primer efecto de la renuncia del Presidente de Gobierno a presentar nuevos Presupuestos para 2024 es que una gran parte de las promesas electorales se las llevará el viento… una vez más. Y a nivel de las Comunidades Autónomas el panorama no es mejor. Ya sabemos que tras la crisis del Covid, la Unión Europea está marcando la senda para volver a la disciplina fiscal, es decir a controlar el gasto.

Pero la carencia de vivienda asequible es un problema que no espera, y el sufrimiento poco a poco va creciendo de forma inexorable.

El parque de viviendas y el medio ambiente

El segundo factor se refiere a que hace una semana el Parlamento Europeo respaldó la ley, ya acordada con el Consejo Europeo, para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción. ¿Qué significa? Entre otras cosas que a partir del año 2030 no se podrá alquilar ni vender ninguna vivienda cuya calificación de eficiencia energética sea inferior al nivel fijado como E. Ese nivel mínimo subiría a D tres años después. Según las estimaciones realizadas el 83% de las viviendas actuales quedarían excluidas del mercado de compra-venta o alquiler ya en el año 2030. Es decir las posibilidades de acceso a una vivienda por parte de la población quedarían frenadas en seco.

¿Se puede hacer algo?

Sí. Significa que hay que realizar unas inversiones tanto en los edificios colectivos como en las viviendas individuales. Algunas estimaciones cifran en unos 2.500 euros el desembolso para que una vivienda plurifamiliar de 90 m² pueda pasar del nivel E al nivel D. Seguir subiendo niveles en esta escala se hace progresivamente más caro. En la mayoría de estos casos las inversiones deben ser a nivel del conjunto del edificio, y asegurando que la mejora energética no es a costa de la seguridad del bloque, tal y como se debatió con ocasión del reciente incendio en Valencia.

Efectos colaterales

Por desgracia es de prever que esa remodelación del parque nacional de viviendas no se lleve a cabo más que en un porcentaje reducido o a lo largo de muchos más años de los que las instituciones europeas pudieran desear.

El segundo efecto será la devaluación generalizada de la riqueza en manos de particulares, habida cuenta que para la mayoría de la población su única o principal riqueza es la vivienda en propiedad. Una vivienda que no se puede vender o alquilar o que requiere una inversión previa importante reduce su valor, como será el caso mayoritario entre la población de más edad.

Problemas colectivos sin soluciones

Estamos ante otro caso más cuyos efectos sociales, y eventualmente políticos, pueden ser devastadores. En efecto, infinidad de pequeños propietarios pueden sentir que su problema no forma parte de la “gran política” de la que se nutre el intercambio de insultos en sede parlamentaria, los titulares de los medios de comunicación o las tertulias de los platós de televisión. Si además se sienten los “paganos” de las políticas medio-ambientales decididas lejos de su propio entorno, como en el caso reciente de los agricultores, no nos extrañemos si giran hacia el tramposo populismo de extrema derecha.

El próximo post dentro de dos martes, el 2 abril 2024