La lenta agonía de Europa


Hace unos días Mario Draghi, el que fue Presidente del Banco Central Europeo y Primer Ministro italiano, presentó un informe sobre la situación de la competitividad en Europa. En él señalaba la necesidad de que la Unión Europea dedicara grandes inversiones en innovación y para mejora de la competitividad o, en su defecto, que se resignara a “sufrir una lenta agonía” ante la pujanza de Estados Unidos y de China.

Los comentarios en torno a este informe coinciden en la gravedad de la situación, aunque también se señalan algunos aspectos que han recibido menos atención que la deseada.

Un ejemplo del retraso europeo -y de la complacencia con el estado de cosas- es el de la industria del automóvil. Las principales empresas europeas han decidido ralentizar la fabricación de vehículos eléctricos justo en el momento en que los constructores chinos los producen con mucho mayor calidad y a mitad de precio; y además con una presencia creciente de fábricas en territorio Comunitario, en lo que ya se llama el caballo de Troya de los coches eléctricos chinos. Esta presencia en la UE evitaría cualquier política de imposición de aranceles, como sucede también en territorio mejicano en lo que respecta al mercado de Estados Unidos debido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Draghi propone en su informe hasta 170 medidas para enderezar la situación, que giran en torno a las inversiones, las políticas migratorias, la regulación de la competencia, la cualificación de la mano de obra, el cambio climático, la deriva demográfica, etc.

A quién corresponde tomar la iniciativa

La pregunta del millón es quién debe llevar adelante las propuestas, o si va a ser el enésimo informe condenado a dormir en el fondo de un cajón de la mesa de muchos responsables a lo largo y ancho de toda Europa.

Desde luego, las instituciones comunitarias ya han señalado con el dedo a los gobiernos de los Estados Miembros. En efecto esas instituciones nunca han ido más allá de emitir regulaciones y prohibiciones sobre el mercado más o menos único, pero no están diseñadas para pilotar o liderar políticas activas en el terreno industrial o económico.

Un cambio de rumbo como el que propone el informe Draghi sólo es posible si se trata de un plan a largo plazo, liderado por el gobierno de turno y contando con un amplio consenso de las fuerzas económicas, sin dejar atrás a ninguno de los sectores sociales que pueden perder sus ventajas comparativas en ese proceso.

Tenemos ejemplos históricos recientes de ese tipo de transformación. La economista
Mariana Mazzucato mostró en su libro “El Estado emprendedor”, cómo los sucesivos gobiernos de
Estados Unidos habían liderado activamente el desarrollo de las nuevas tecnologías durante la segunda mitad del siglo XX, con la consiguiente pujanza económica que ha reportado. En Japón, y tras el golpe traumático de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI) lideró desde 1949 a 2001 la política y crecimiento económico del país, convirtiéndolo en la cuarta potencia mundial. El ejemplo actual de este tipo de procesos lo tenemos como es sabido en la
China contemporánea, a pesar de los aspectos sociales y políticos regresivos de tal modelo.

¿Los Estados Miembros?

Sin duda son éstos quienes tienen que “ponerse las pilas” si queremos revertir la lenta agonía en la que Europa está sumida.

¿Qué gobiernos están en situación de liderar tales políticas? Desde luego debería ser al menos un puñado de grandes socios Comunitarios, por medio de una acción común o al menos paralela. Un pequeño repaso deja un estrecho margen a la esperanza.

En Alemania el gobierno de coalición actual (la llamada coalición del semáforo: rojos, amarillos y verdes) atraviesa un proceso de parálisis creciente, con más problemas internos que los que le acechan desde fuera.

En Francia, el resultado de las recientes elecciones ha dado paso a un gobierno de extrema debilidad, situación también sufrida por la propia oposición de izquierdas.

En Italia, el gobierno de coalición de Giorgia Meloni ha echado mano de un tacticismo cotidiano para lograr seguir manteniendo una mínima estabilidad.

En España, la extrema debilidad del gobierno actual, ya comentada en otro lugar, le lleva a pasar de puntillas por cada cuestión de calado, sin ni siquiera apostar con convicción por los Presupuestos Generales del Estado para 2025, amenazando con seguir gobernando «con o sin el legislativo«.

Lo que nos queda

El intelectual comunista Antonio Gramsci, encarcelado por Mussolini en 1926 y fallecido en 1937 en la propia cárcel dedicó todo ese tiempo a escribir los llamados Cuadernos de la cárcel, una de cuyas frases más famosa debería seguir resonando en nuestras mentes: “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad”. Esa voluntad inexistente en los gobiernos sí debería poder anidar en nosotros mismos.

El próximo post dentro de dos martes, el 1 octubre 2024

Qué jubilación para los jóvenes

El “invento” de las pensiones

Tenemos una miopía social congénita y nos creemos que lo que hoy parece natural es algo que ha existido de toda la vida. Este es el caso de la pensión de jubilación. Se trata de un “invento” de hace sólo 135 años, instaurado por el canciller alemán Bismarck, por el cual se concedía una pensión a los trabajadores que alcanzasen los 70 años, edad que posteriormente se rebajó a 65 años. Bismarck no era precisamente un socialista, pero gracias a ello consiguió relajar la presión social al prometer un seguro a los empleados ya no aptos para trabajar al llegar a tal edad. En todo caso el gasto en pensiones no llegó a ser muy alto ya que la esperanza de vida al nacer era entonces de 40 años.

La jubilación en tiempos de Franco

En el caso español el sistema de pensiones se articuló a partir de la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963. En esencia se trata de un sistema de tipo corporativo, es decir que los derechos como jubilado dependían de las cotizaciones aportadas mientras se había estado trabajando. Los grandes beneficiados eran quienes gozaban de un empleo seguro, marginando a quienes tenían una trayectoria laboral irregular, reducida o nula. En consonancia con el esquema corporativista del franquismo los favorecidos eran los cabezas de familia (varones). También por la misma razón el sistema era relativamente generoso: la pérdida de ingresos al pasar a la jubilación era muy reducida en comparación con el salario que se había percibido hasta entonces. Esta “generosidad”, poco frecuente en otros países, favorecía a quien tuviera una carrera laboral “completa”, otra vez los cabezas de familia, en detrimento de quienes habían sufrido largos períodos de paro o formaban parte de la economía irregular.

Es también un sistema en el que las pensiones de los jubilados actuales son financiadas por los trabajadores actuales (sistema llamado “de reparto”) a diferencia de los llamados “de capitalización” en los que lo aportado por el trabajador individual a lo largo de su vida laboral es lo que le espera como pensión.

El cambio demográfico y económico

Ese sistema funcionaba bien siempre que hubiera una alta proporción de cotizantes en relación al número de jubilados, y los beneficiarios fueran en lo fundamental los “cabezas de familia”. Pero la composición social y laboral ha cambiado de forma drástica desde entonces: el retraso en la incorporación al mercado de trabajo de los jóvenes, la entrada masiva de las mujeres al mercado laboral y el vuelco de la pirámide de demográfica hacen inviable el sistema de pensiones tal y como fue diseñado en sus inicios; todo ello sin terminar de proteger dignamente a sectores enteros de población, en particular mujeres.

¿Qué se ha reformado y por qué es contraproducente?

La crisis económica de 2008 y la pésima gestión de la misma por parte de los gobiernos occidentales mostró que las cuentas no cuadraban.

En lo fundamental se ha optado por reducir los gastos. ¿Cómo?: retrasando la edad de jubilación; estableciendo requisitos más exigentes para acceder a la pensión máxima; aumentando el número de años cotizados para alcanzarla; y fijando un tope para esa misma pensión máxima.

En cuanto a los ingresos, la medida fundamental ha sido el aumento de las cotizaciones aportadas por empleados y empresarios, lo que incrementa los costes laborales aunque no los salarios.

Pero el problema es que estas medidas, cuando se aplican a una situación con una fuerte precariedad de empleo entre los jóvenes no mejoran sus perspectivas de alcanzar una pensión digna sino justamente lo contrario.

Como es bien sabido la esperanza de vida en el momento de la jubilación es muy diferente según las distintas profesiones, con más años por delante para los puestos de trabajo más cualificados y con mejor pensión. Si además se “premia” a quien voluntariamente retrase su edad de jubilación -por ejemplo los Presidentes de las grandes empresas- se agudiza más la desigualdad.

En fin, según los cálculos realizados por la Comisión Europea la “generosidad” (tasa de prestaciones) del sistema -pensión media en relación al salario medio- disminuirá del 64% en 2022 al 51% en 2070, aun con un repunte temporal hasta 2030.

Hacia un nuevo sistema de jubilación y de Estado del Bienestar

Pero hay alternativas, aunque no se estén poniendo en práctica. Los ingresos de la hucha de las pensiones crecerían si se invirtiera en actividades productivas -no especulativo/financieras- bajo el liderazgo gubernamental para crear más y mejor cualificados puestos de trabajo. El volumen de cotizaciones se elevaría de forma natural. La paralela y necesaria inversión para elevar la cualificación de la mano de obra, tanto joven como senior, colaboraría en ese mismo incremento y en el bienestar general.

Es necesario impulsar un nuevo pacto social intergeneracional, no sencillo pero sí posible.

El próximo post dentro de dos martes, el 17 septiembre 2024