Sólo cuando se producen catástrofes como las inundaciones de la DANA en 2024 o el descarrilamiento y choque de dos trenes de alta velocidad en Ademuz, nos acordamos que el diseño y mantenimiento de las infraestructuras de un país tienen una importancia crítica.
Advertencias no escuchadas
En lo que se refiere a las infraestructuras ferroviarias ya en marzo de 2022 el Banco Europeo de Inversiones, al conceder a Adif un préstamo de 90 millones de euros, aludía a que “la renovación de obras e instalaciones de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se encuentran al final de su vida útil, y el objetivo [del préstamo era] mantener los altos estándares de disponibilidad, fiabilidad y seguridad requeridos para este tipo de infraestructura.
Se habla sobretodo del precio en vidas humanas debido a la falta de mantenimiento, pero también cabe contabilizar el impacto en los suministros necesarios para la actividad económica.
Los transportes forman parte de las denominadas infraestructuras críticas. Junto al ferrocarril, la red de carreteras españolas ofrece un panorama preocupante. Según un artículo publicado en julio pasado en la revista de la Dirección General de Tráfico “más de la mitad (el 52%) de las carreteras españolas presentan firmes con deficiencias graves o muy graves, con un total de 34.000 kilómetros que necesitan intervención urgente, a través de actuaciones que deberían llevarse a cabo en un plazo inferior a un año.
En lo que se refiere a los embalses, la Asociación de Ingenieros de Caminos denunciaba hace cuatro meses que España afronta un grave déficit de seguridad hidráulica: 3 de cada 4 presas estatales sin plan de emergencia implantado y 1 de cada 3 necesita refuerzo estructural.
Respecto a la protección de las infraestructuras eléctricas, el apagón de abril de 2025 es una muestra de la vulnerabilidad de las mismas.
Pero si hay una infraestructura crítica de primer nivel es la red internet. Esta vez era la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional la que advertía que España dispone de capacidades «relevantes» en materia de ciberseguridad, tanto en el ámbito público como en el privado, pero están «dispersas» y «con distintos niveles de madurez», y su coexistencia genera «solapamientos, duplicidades e ineficiencias».
Nuevas amenazas: el cambio climático
A los tradicionales riesgos para la seguridad nacional como el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva o el crimen organizado se suman en la actualidad dos nuevas grandes amenazas.
La primera se refiere a los fenómenos extremos y no previstos derivados del cambio climático. La proliferación de incendios, inundaciones o el sometimiento de las infraestructuras a condiciones no esperadas son ejemplos de los riesgos que no habían sido tenidos en cuenta hasta ahora.
Un reciente informe explicaba por qué los modelos económicos utilizados por gobiernos, bancos centrales e inversores subestimaban cada vez más los riesgos climáticos, generando así una falsa sensación de seguridad. En idéntico sentido se pronunciaba la Agencia Europea de Medio Ambiente: Europa no está preparada para el rápido crecimiento de los riesgos climáticos.
La guerra híbrida
La segunda nueva amenaza es la llamada guerra híbrida (a veces llamada zona gris de las relaciones internacionales), en la que el enemigo con medios no convencionales apunta a instalaciones básicas de forma que las infraestructuras críticas son cada vez más blanco de ataques, lo que provoca graves interrupciones en los servicios esenciales. Rusia es el mejor ejemplo, pero no el único.
Qué se está haciendo en España y qué no
Cada vez que se produce un desastre en una infraestructura esencial o crítica, los medios de comunicación y las élites políticas reducen el acontecimiento a la enésima trifulca entre partidos, y más cuando hay víctimas mortales.
Es más sencillo y sensacionalista contabilizar las muertes producidas por la catástrofe que las vidas salvadas por un mantenimiento adecuado de las infraestructuras. En este caso no hay nombres ni apellidos concretos ni es fácil trazar una relación directa entre mantenimiento y beneficiarios.
Pero lo que NO estamos haciendo es transponer la Directiva Europea de 2022 relativa a la resiliencia de las entidades críticas, cuya fecha límite para incorporar a la legislación española era octubre de 2024. Bruselas nos dio un plazo añadido de dos meses más para hacerlo, que también ha sido ignorado.
En mayo de 2025 el Ministro del Interior anunció -por fin- la redacción de un anteproyecto de ley para reforzar la «Protección y Resiliencia» de las infraestructuras críticas, que incluía la transposición de la Directiva europea y cuyo texto está disponible en la web del Ministerio.
A fecha de hoy, el anteproyecto parece seguir durmiendo en el cajón de algún despacho gubernamental, al igual que otras docenas de proyectos que tampoco ven la luz. Habida cuenta de la raquítica producción legislativa de los últimos años y la enésima prórroga de Presupuestos Generales del Estado, seguiremos teniendo, por desgracia, unas infraestructuras desprotegidas.
El próximo post dentro de dos martes, el 3 marzo 2026.
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