Tras el desastre de muerte y ruina que hace diez meses trajo la DANA en la Comunidad de Valencia y parte de la de Castilla-La Mancha, este verano hemos vivido el mazazo de una oleada de incendios centrada sobre todo en el noroeste de la Península.
¿Habíamos entonces aprendido algo que nos hubiera servido para afrontar mejor la nueva crisis?
Una DANA que no cesa
A diez meses de distancia es doloroso repasar la retahíla de promesas de apoyos y ayudas dirigidas a la población y localidades afectadas por la DANA, cuando al día de hoy leemos “que a dos meses de cumplirse el primer aniversario de una catástrofe que dejó 228 personas fallecidas en octubre de 2024, hay mucho dolor. La recuperación emocional será más larga y necesita tiempo y sosiego. Más allá de lo interno, el escenario físico de los municipios afectados todavía tiene muchas infraestructuras que siguen congeladas en el barro y todavía sin evolución para su reapertura”.
Todavía al día de hoy el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, afirma que la zona cero no está preparada: “¿Estamos preparados? No, no hemos mejorado demasiado”.
¿Cómo no se van a producir reacciones de rabia, impotencia y animosidad hacia los políticos en su conjunto, cuando la DANA ha revelado la incompetencia de los que ocupaban cargos públicos, la descoordinación entre Administraciones y las broncas políticas, con el consiguiente sentimiento de abandono de los afectados?
No solamente estamos muy lejos de volver a la situación previa al desastre -la famosa “resiliencia” de la que tanto se habla hoy en día- sino que todos los planes de prevención de fenómenos “naturales”, que una legión de expertos nos estuvieron proponiendo durante semanas en las tertulias televisivas, brillan por su ausencia (la verdad nunca creí que tuviéramos tanto experto en la materia, aunque no parece que den mucho de sí).
Incendios: tropezando en la misma piedra
En torno a los incendios este verano hemos vuelto a ser testigos de la incompetencia de los cargos públicos, de la descoordinación entre Administraciones, de las trifulcas políticas interesadas y del sentimiento de abandono de los afectados, malestar ciudadano que se ha reflejado en las encuestas.
Y en los platós televisivos otro nuevo montón de expertos nos han calentado los oídos con su “sapiencia” que sin embargo no parece haberse aplicado a la realidad del mundo rural. Pero en unos pocos días estos mismos tertulianos se dedicarán a otra cosa y dentro de diez meses alguien volverá a constatar lo poco que se habrá hecho en ese tiempo.
No es de recibo hablar de estos temas con la superficialidad de una noticia en el telediario sin tener una mínima perspectiva. Para empezar deberíamos denunciar, como hace la Fundación Civio, que ni siquiera se cuente con datos actualizados de los incendios ocurridos en España: “En la base de datos del Ministerio de Transición Ecológica, los datos completos para toda España solo llegan hasta 2017. Hay disponibles datos más actualizados, pero solo para algunas provincias”.
Tampoco parece admisible que las cuantías económicas que se ofrecen a los afectados sean de 18.000 € por fallecimiento o incapacidad total y 15.120 € por destrucción total de la vivienda.
El papel de la ciudadanía
Entre el aluvión de “noticias” un buen número de ellas han estado dedicadas a recoger declaraciones de los habitantes de las zonas afectadas y de quienes han protagonizado la lucha contra los incendios. Además de resaltar la aportación de grupos de jóvenes -como ya ocurriera en la DANA- se ha debatido si los lugareños estaban o no en mejor situación para combatir el fuego, o si debían seguir las indicaciones de las autoridades. Pero cuando las Administraciones Públicas brillan por su falta de transparencia en sus actuaciones y no gastan sus presupuestos de prevención de incendios, no es de extrañar que la población tome la iniciativa echando mano de la solidaridad vecinal. No debería ser así, ya que para algo deberían servir las instituciones locales, regionales y nacionales…
Hace veinte años el huracán Katrina destrozó la ciudad de Nueva Orleans, sumiendo a la población en la desolación y el caos, agravados por la descoordinación entre Administraciones y la falta de previsión. Un reciente estudio -reseñado en un periódico español– ha mostrado sin embargo que la capacidad de las poblaciones locales por recuperarse del desastre se ha visto favorecida por la existencia de una mayor cohesión social, en este caso apoyada en comunidades religiosas.
La existencia de un más sólido tejido social de base puede hacer que entornos rurales como los afectados logren sobreponerse a la adversidad o, al contrario, profundicen en su deterioro secular. Esto también es de aplicación a cualquier otro ámbito social. Nuestra aportación -la de todos- está al alcance de cualquiera de nosotros, como desarrollaré en otra ocasión.
El próximo post dentro de dos martes, el 16 septiembre 2025
Remontar Construyendo 