¿Quién no ha escuchado esta cantinela al llamar por teléfono a algún organismo público solicitando una información o, peor aún, una codiciada “cita previa”? A veces nos intentan disuadir de seguir dando la lata al anunciar que el tiempo de espera es de… (siempre por encima de los veinte minutos) o nos ponen música para que al cabo de un buen rato, pagando por la llamada a un 902… ó 901…, se corte la comunicación.

¿Y si lo intentamos por internet? Tras haber conseguido el DNI electrónico, la Firma Digital, la Cla@ve PIN, la Cl@ve Permanente o el Certificado Digital, descubrimos que no hay cita previa disponible de ninguna de las formas. Los testimonios recientes ponen los pelos de punta: 45 días de media de espera para una cita previa; diez meses de espera en la Seguridad Social de Alicante para poder tramitar la pensión de jubilación; lo mismo en Navarra; o teniendo que desplazarse a otra ciudad, o la imposibilidad absoluta como ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras.

Es la ciber-versión de lo que hace casi dos siglos el escritor del romanticismo español Mariano José de Larra denunciaba en su famoso artículo Vuelva usted mañana. La situación empieza a ser esperpéntica cuando hay que dedicarse a averiguar a qué hora el sistema informático de la Seguridad Social se reactiva y así ser de los primeros en conectarse. Una persona de mi entorno consiguió la valiosa cita previa ¡conectándose a las cinco de la madrugada! (no es broma).

¿Desidia? ¿Se necesita tiempo? ¿O es una política deliberada?

Si en los años de pandemia la cita previa podría tener una razón de ser con objeto de elevar las barreras anti-contagio, el perpetuamiento de esta medida ha sido ya denunciada como no ajustada a derecho.

Se trata de una pieza más de una política destinada a obstaculizar el acceso de los ciudadanos a las Administraciones Públicas (AAPP) y su control. Así, cabe reseñar los incumplimientos continuos de las AAPP en materia de transparencia o el uso reiterado de un lenguaje alejado del entender medio de la población a la que dice servir.

Un lenguaje críptico en la justicia…

Un ejemplo sangrante es el lenguaje jurídico, con una ilustrativa historia reciente. Como ya en su día reconoció -hace once años- el propio Gobierno “el empleo de un lenguaje más sencillo y comprensible en el ámbito jurídico es una asignatura pendiente desde hace tiempo”. Juan Carlos Campo, entonces Secretario de Estado y recién (y polémico) miembro del Tribunal Constitucional, encabezó una Comisión para la Modernización del lenguaje jurídico, cuyo informe final de septiembre de 2011 no volvió a ser desempolvado hasta que el propio Juan Carlos Campo, ya Ministro de Justicia, decidió “iniciar una línea de colaboración” (¿?) con la Real Academia Española en junio de 2020.

Hasta ahora.

…y en toda la Administración Pública: el muro del lenguaje

Un reciente estudio de la consultora Prodigioso Volcán -del que se hizo eco rtve y el propio Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)- analizó 760 escritos vinculados a distintos organismos públicos, concluyendo que el 78% de los textos administrativos no son claros. Los más complejos son precisamente los que explican cómo solicitar una ayuda, beca o subvención: el 98% de éstos no son fáciles de entender.

Estrella Montolío, Catedrática de Lengua Española en la Universitat de Barcelona, señala el fracaso comunicativo de la Administración: “la confianza entre individuos e instituciones, de igual modo que entre las personas, se genera interactuando, en la conversación. No hay confianza posible cuando el emisor resulta no solo incomprensible, sino también inquietante”.

Montolío es la autora del Manifiesto por un lenguaje claro en la Administración, lanzado por La revista de lengua y literatura Archiletras. Dicho Manifiesto fue presentado recientemente al Presidente Sánchez, quien se limitó a decir que el Gobierno “ha puesto en marcha un proyecto para renovar y mejorar la forma en la que se responde a los cientos de personas que semanalmente se ponen en contacto con el Gabinete del presidente” Y eso es todo.

Más que una cuestión de lenguaje

Para acceder a ayudas sociales en ocasiones se establecen exigencias administrativas absurdas, como si hubiera una presunción de que los necesitados se aprovechan del sistema.

Esta situación se repite cada vez que el Ejecutivo ha lanzado un programa de lucha contra la desigualdad. Estos avances se están viendo enturbiados por la aplicación del principio de sospecha a quienes más urgentemente necesitan ayuda, es decir, a los pobres.

Por eso la Accesibilidad a las Webs oficiales sigue siendo deficiente, como reconoce el propio Observatorio gubernamental.

Es la misma actitud que presupone que las Administraciones Públicas no son sino el botín ganado por las cúpulas de los partidos que han batido a los contrarios en las urnas. Como si lo público no fuera de la ciudadanía y la malversación no fuera importante.

El próximo post dentro de dos martes, el 24 enero 2023